Laicidad en Perú: un debate pendiente

¿Hay algún debate vigente sobre laicidad? ¿Qué es para la gente laicidad o secularización? En Perú, los debates sobre laicidad se han dado siempre desde los grupos y organismos de derechos humanos y no han trascendido las demandas de otras confesionalidades distintas a la católica que colocaron el debate en los privilegios de su iglesia antes que ampliar los sentidos sobre libertad religiosa.

El debate sobre la laicidad y la neutralidad del Estado ante las distintas confesionalidades no forma parte de la agenda política: discutir sobre la separación entre la Iglesia Católica y el Estado peruano no es rentable ni para los medios ni para los políticos en un país donde el 77% de sus 30 millones de habitantes es católico según la data que recogió la encuestadora Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) en 2014. Han sido los grupos feministas y de derechos humanos los que han colocado la necesidad de un Estado laico en el marco de la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos.

A diferencia de otros países de América Latina como México, Colombia, Uruguay y Argentina donde ha habido un mayor desarrollo y posicionamiento del debate sobre la laicidad de los estados, Perú aún tiene muy vigente una influencia fáctica y tangente de la Iglesia Católica que no solo goza de gran poder político en el país, sino que además tiene financiamiento directo, entre otros privilegios económicos, gracias al Concordato firmado entre el estado peruano y la Santa Sede.

¿Qué dicen las leyes?

 

El Concordato entre la Iglesia Católica y el Perú fue firmado en 1980 y le concedió a ésta ciertos privilegios a pesar que se acogía en el marco de la nueva Constitución de 1979 que proponía cambios en la relación Iglesia-Estado. El texto constitucional proponía explícitamente una relación de independencia y autonomía entre ambos, pero la reconocía con una especial mención a la Iglesia en el marco de la mutua colaboración.1

Samuel Abad, abogado constitucionalista e investigador en libertad religiosa, afirma que la Constitución de 1979 marcó un precedente en la relación entre iglesia y Estado ya que por primera vez se colocó expresamente su autonomía e independencia. “El Concordato tiene nivel de acuerdo bilateral, es decir, tiene orden internacional por haber sido firmado entre dos estados y no puede ser derogado más que por el Poder Ejecutivo mediante una denuncia ante el Estado Vaticano”, comentó el constitucionalista a Bravas.

Es gracias a este contrato que 37 años después, el Estado sigue subvencionando al personal y los servicios de la Iglesia, que se encuentra exonerada de cualquier tipo de tributos o impuesto a la renta, predial o vehicular y en la interpretación del ministerio de Relaciones Exteriores sería un “régimen de exoneración permanente”, aunque muchos de los impuestos vigentes no hayan existido cuando el Concordato fue firmado.

Este año figura en el Presupuesto Público Nacional que el ministerio de Economía y Finanzas destinó 2 millones 603 mil soles peruanos (casi 800 mil dólares) para la Iglesia Católica, 37 mil 500 nuevos soles (US$ 11 mil 517 dólares) para el Obispado Castrense y 25 mil nuevos soles (7.678 dólares) para la Oficina Nacional de Educación Católica. Además de esta financiación directa, para hacerse una idea sobre lo que recibe, anualmente el Estado peruano también dona terrenos a la Iglesia Católica, manifestó en 2016, Marco Huaco, abogado e investigador en temas de laicidad y libertad religiosa, para diarios nacionales.

Adicional a estos privilegios, el Concordato establece que los nombramientos de los profesores del curso de religión deben ser definidos por los obispos. Es decir, además de todos los subsidios y beneficios tributarios, los colegios públicos dan obligatoriamente el curso de religión católica, sin reparar en si todos los estudiantes practican o no alguna confesionalidad.

Ante este hecho, Abad también cuestiona que las iglesias cristianas y evangélicas no hayan denunciado la enseñanza de la confesionalidad católica a nivel institucional. En 2017, en plena campaña de los grupos conservadores y fundamentalistas para eliminar el enfoque de género del currículo nacional de educación básica, la ministra de Educación, Marilú Martens, reafirmó que no quitarán el curso de religión de la educación pública ni reducirán las horas de enseñanza. Lo hizo tras reunirse con José Miguel Piñeiro, representante de Conferencia Episcopal. Nadie de otras iglesias, como evangélicas o cristianas, se pronunció al respecto sobre la continuidad de la perspectiva católica en la enseñanza pública, así como tampoco han interpuesto ninguna medida legal.

¿Qué laicidad y cómo?


Abad es claro al señalar la contradicción entre la actual Constitución peruana, que se reclama como laica, está plagada de simbologías católicas y tiene vigente un Concordato con la Iglesia Católica. Sobre las alternativas posibles, resalta la estrategia de demandar la inaplicación del Concordato tomando como precedente el pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia que en 1993 declaró que algunos artículos del Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado de ese país eran inconstitucionales. Uno de ellos se refería también a la obligación de dar cursos de religión católica en las escuelas públicas, lo cual, según la Corte colombiana, generaba discriminación hacia quienes practiquen otras o ninguna confesionalidad.

Fuera de las implicancias formales de las relaciones entre los estados y las iglesias, para Martín Jaime, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el problema para ampliar y profundizar la laicidad radica en la ausencia de un análisis sobre secularización integral y desde la cotidianeidad y el espacio privado, que es donde se ha intentado colocar a las religiones: “Uno de los principios de un Estado laico sería la neutralidad legal ante las confesiones, como evitar beneficios económicos de parte del Estado hacia las iglesias, pero eso no es suficiente. El lugar que nuestras sociedades modernas le han dado a la religión históricamente es del espacio privado. Seguir buscando la introducción de lo religioso a lo privado no es suficiente si se quiere hablar de una real laicidad. Parece que la solución que proponemos es enviar lo que nos desagrada, su moral y rituales al espacio privado y que allí se resuelva el debate sobre la confesionalidad, cuando es en el espacio privado y en esta cotidianeidad donde se viola principalmente la laicidad del Estado. Una propuesta feminista tiene que romper esta idea y hacer que lo religioso sea socializado nuevamente y en algún sentido que sea alterado”, dijo a Bravas.

Jaime explica que es urgente expandir la laicidad como práctica, lo que implica superar la visión de lo religioso como relegado a la práctica privada, porque es precisamente en los espacios diferenciados como privados donde el poder hegemónico coloniza las subjetividades y particularidades de los sujetos: “El problema de la laicidad no es la imposición formal de la iglesia en el Estado. Al menos los obispos o cardenales no están constantemente vigilando o llamando a los funcionarios, por el contrario, son los personajes que trabajan en el aparato estatal quienes llevan un conjunto de prejuicios e ideas que reproducen la no laicidad, son ellos el ejemplo perfecto de donde lo religioso se ha vuelto privado”.

Para el profesor, los discursos provenientes de los grupos conservadores que se oponen a que la educación pública tenga un enfoque de género buscan precisamente que lo religioso se quede en el espacio privado porque es en este espacio donde pueden hacer lo que quieran, y a esto se debe que denuncien un intervencionismo estatal sobre la educación. “Por ejemplo, –explica Jaime– lo que ellos colocan es que el Estado no tiene derecho a decirles cómo educar a los hijos y eso es falso, el Estado sí tiene ese deber, es por eso que existen políticas públicas. Obviamente el Estado no puede imponer, pero hay criterios de socialización para los cuales se fundó la educación pública”.

Cuando los grupos fundamentalistas usan este discurso (religión/privado) alegan que su modelo de reproducción de valores es parte de su fuero interno y por lo tanto es incuestionable. Este es el mismo argumento que se ha usado para invisibilizar la violencia sexual o la violencia contra las mujeres como problemas políticos y sociales, alegándose que son problemas correspondientes al espacio privado, cuando se tratan de crímenes y atentados contra derechos humanos. “Si uno extiende la mirada va a encontrar esta lógica también en torno a los debates de planificación familiar, la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia e incluso sobre diversidad sexual y homosexualidad”.

Foto izquierda: En orden, Juan Luis Cipriani, Cardenal de Lima, la excandidata a la presidencia, Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, arrodillados en la capilla del Cardenal en diciembre del 2016, en el marco de una reunión de diálogo convocado por el propio Cipriani. Foto derecha: Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, Juan Luis Cipriani, Cardenal de Lima y Keiko Fujimori, ex candidata presidencial y lideresa del fujimorismo, primera fuerza política en el Congreso de la República.

 

Es urgente revisar los debates y propuestas desde los feminismos sobre la laicidad, como complejizar los discursos que se limitan a ponderar la separación entre espacios públicos y privados como medida para lograr una laicidad real, cuando desde los feminismos se ha puesto de manifesto la integralidad, interconección e intercambio de estos espacios desde la consigna de que lo personal (lo privado) también es político. Asimismo, los feminismos tienen en el contexto global actual una disputa de imaginarios específicamente sobre la democracia y las libertades, que libramos con los grupos conservadores y fundamentalistas, que usan estos significantes para seguir legitimando la homofobia/transfobia institucionalizada y la violencia hacia las mujeres. Más que nunca, hoy no solo nos disputamos un modelo de gobierno, sino nuestras vidas y libertades.

1. Abad, Samuel. Libertad religiosa y Estado Constitucional.

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