“¿Esperaban que me mate para detenerlo?”

El vínculo entre el Estado peruano y las mujeres como ciudadanas de pleno derecho no termina de construirse pese a los avances legales. Las víctimas de violencia de género que denuncian a su agresor son muy pocas, pero casi la mitad de las víctimas de feminicidio había buscado cobijo del Estado. ¿Dónde están los nudos de la impunidad?

La violencia es expresión de la exclusión estructural, la cual se extiende y profundiza cuando en el ejercicio del derecho a la denuncia y a un proceso judicial justo, las víctimas encuentran un mundo de trabas que afectan su dignidad. Uno de los principales problemas alrededor de la violencia contra las mujeres es la impunidad y por ende el acceso a la justicia. A pesar de los esfuerzos realizados desde la sociedad civil y también de una mayor voluntad política expresada de parte de las instancias de gobierno, la discriminación en la vida real y cotidiana de las mujeres sobrevivientes de violencia continúa.

No es gratuito que el porcentaje de denuncias en el país sea bastante bajo: el 68.2% de mujeres peruanas ha sufrido violencia en relaciones de pareja, pero sólo denuncia el 27% de estas[1]. Las razones para no acudir a una instancia estatal son diversas, incrementándose en los años la percepción de que “no es necesario” (44%) y manteniéndose la variable “vergüenza” (16%) sin mayor cambio.

De estas dos últimas cifras podríamos deducir que existe una grave relativización de la violencia. Sin embargo, si observamos el contexto de impunidad que reviste a la mayoría de casos denunciados ante instancias estatales podemos comprender que por sobre la “relativizaciónpodría primar una gran desconfianza instalada en las sobrevivientes de violencia. El vínculo entre el Estado y las mujeres como ciudadanas de pleno derecho no termina de construirse.

Según la experiencia, en el seguimiento de casos de violencia contra las mujeres, atravesar el proceso y sistema peruano en la búsqueda de justicia, es difícil, por no decir que es casi una tortura.  Aunque se han hecho importantes esfuerzos en los últimos años por mejorar las normas a favor del derecho a una vida sin violencia, el entrampamiento se encuentra en la ruta que tienen que transitar las sobrevivientes, la cual no solo es difícil, sino que se encuentra plagada de estereotipos y obstáculos de diversa índole.

Paradójicamente en el discurso de la población, la prevalencia de la violencia se explica por la falta de denuncia, transformándose este imaginario en una demanda y un reclamo hacia la víctima si es que esta no asiste a las instancias estatales o retrocede en los procesos iniciados. De esta forma, la “falta de voluntad de las mujeres” para continuar o iniciar un proceso judicial se constituye en un nuevo espacio simbólico de sanción o reproche.

En esta dinámica la responsabilidad de la violencia se traslada nuevamente a las mujeres, tomando fuerza discursos que tienden a individualizar el problema, como aquellos que esperan encontrar la explicación de un fenómeno histórico y social en “la falta de autoestima” o en definiciones patológicas que no contribuyen a comprender el problema de forma estructural y por lo tanto a enfrentarlo desde sus diversas aristas.

Misui

Una joven de la región de Piura, llamada Misui, sufrió en 2015 graves y reiteradas agresiones de parte de su pareja, la última de ella catalogada como tentativa de feminicidio. Las autoridades como en muchos otros casos no actuaron con la debida diligencia. Días después de la agresión, la víctima desapareció. Cuando se temía lo peor, aparecieron ambos y ella señaló que no prosperaría con la denuncia. El miedo podía verse claramente en sus palabras y testimonios.

Lejos de comprender el círculo de la violencia en el cual se encontraba Misui y el impacto de este en su vida, muchas autoridades, medios de comunicación y la ciudadanía en general, se dedicaron a reprochar su comportamiento, a culparla de las agresiones, señalándola como un mal ejemplo para otras mujeres: “Que esto no sea un ejemplo para las mujeres peruanas. Las mujeres tienen una dependencia enfermiza y monstruosa ante el agresor. Le tienen miedo y espanto a quedarse solas”[2].

Poco o nulo fue el intento de diversos actores para comprender la actitud de Misui. Finalmente, en la conducta de la víctima influyó el contexto de impunidad que vivió tras haber denunciado al agresor en repetidas oportunidades sin una respuesta adecuada de las autoridades. En sus propias palabras: [el examen] no arrojó gravemente (haciendo referencia a la lesiones), ¿qué esperaba, que me mate para que recién lo detengan?”[3].

Aunque la exigencia frente a la denuncia es tenaz de parte de la ciudadanía, el proceso para acceder a la justicia es difícil. Muchas mujeres llegan a las instancias estatales pensando que a través de una denuncia la situación de violencia que vive cambiará; sin embargo, esto es aún una utopía en un Estado en donde la impunidad es un denominador común para la mayoría de casos de violencia de género.

 

Arlette

No sólo el caso de Misui grafica las consecuencias de la impunidad en nuestro país, podríamos contar miles de historias. Una de las más emblemáticos es la del agresor Adriano Pozo Arias, quien violentó brutalmente a Arlette, también en 2015. La agresión –casi de muerte– que Arlette sufrió tuvo un fuerte impacto en su vida, pero más aún lo tiene la frustración que le ha generado la impunidad. Tan doloroso como un hecho de violencia, es la revictimización a la que se las expone al negarles el derecho a acceder a la justicia.

El caso de Arlette ha contado con pruebas contundentes, el apoyo de medios de comunicación, con la perseverancia y decisión infranqueable de la víctima; aun así, no ha avanzado de forma favorable. Ella sigue en su búsqueda de justicia. Así como Arlette muchas otras mujeres se ven expuestas a una serie de obstáculos en el sistema, que no sólo desaniman también reafirman las percepciones de inseguridad en las víctimas.

Una de las consecuencias más dramáticas de la impunidad en los casos de violencia de género, es el feminicidio. En 2016, el 46% de víctimas de este crimen (incluyendo las tentativas) acudió previamente a una instancia estatal a reportar hechos de violencia y sólo en 10 casos se lograron medidas de protección que evidentemente no fueron efectivas.

Es debido a la impunidad, ampliamente extendida y difícil de combatir, que muchas mujeres no sólo no acceden a la justicia, sino que han dejado de creer en la misma, resignándose a no denunciar o renunciando a procesos judiciales adversos en donde son ellas, las que terminan siendo juzgadas, maltratadas y estigmatizadas.

Cada caso que queda impune envía un mensaje de permisividad social frente a la violencia. Y cada agresor que se sabe libre de pena, fortalece sus imaginarios de control y dominación, se empodera en su violencia y en su posibilidad de ejercerla. Sin temor a las consecuencias, se convierte en un potencial feminicida.

 

Nudos

Si recorremos la ruta de las mujeres para acceder a la justicia podríamos decir que el problema es sistémico. Los nudos inundan todo el proceso y circulan para hacer más difícil cada paso que se da. La nueva ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar[4]  ha sido un cambio cualitativo frente a la anterior normativa, pero aún la justicia es un derecho que no se encuentra garantizado para las mujeres.

A las dificultades de capacitación y sensibilización de las autoridades, se suman la falta de presupuestos de sus instancias para atender la magnitud de la violencia en el país. Los médicos legistas son escasos, más aún aquellos que han interiorizado el enfoque de género y emiten certificados médicos legales que puedan contribuir a un buen juzgamiento de los casos. Las medidas de protección son declarativas y cómo podemos observar en las historias de los cientos de feminicidios, no son efectivas.

Las sentencias son un punto aparte de preocupación, muchas de ellas se encuentran plagadas de estereotipos, reflejan dificultades serias para transversalizar el enfoque de género, así como una nula incorporación de los estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y por ende una profunda relativización de la violencia ya sea física, sexual y/o psicológica; así como una falta de lectura del contexto de misoginia y desigualdad.

Una muestra: “A criterio del colegiado, no se ha advertido en el acusado un odio, rencor al género de la mujer, en este caso representado por la agraviada en el caso que nos ocupa. Muy por el contrario, el acusado ha participado en la comunión de los roles conjuntamente con la pareja, es decir, ha compartido actividades comunes a las mujeres. Ejemplo: cuando antes de ir a la reunión, la fiesta de la reunión de cumpleaños, el acusado se puso a lavar los platos […]. Muy bien pudo aprovechar la agraviada para salir o aparecer en dicha escena forcejeando con algunos movimientos o indicios de tratar de escapar, sabiendo que está en peligro su integridad sexual, e incluso estuvo abierta la puerta casi 38 segundos, lo que conlleva a juicio del colegiado a que hubo una discusión de pareja, como se dijo, por celos del acusado”[5].

A la luz de lo expresado, puede concluirse que el problema no son las pruebas. Tampoco la decisión de las mujeres para dar continuidad o no a una denuncia. El nudo se encuentra en cómo se ejerce justicia en el país, cómo se interpretan los derechos de las mujeres y se aplican las normas que tenemos.

Por lo tanto, de nada nos sirve seguir avanzando en la generación de buenos marcos jurídicos para enfrentar la violencia si no se aplican adecuadamente, sin corrupción, libres de estereotipos y discriminación.

La impunidad representa un riesgo frente a los feminicidios y uno de los peores lastres que arrastramos como sociedad.  Este terrible mal pone en evidencia que las mujeres seguimos siendo “ciudadanas de segunda clase” y que el patriarcado se transforma de mil formas, para corromper y actuar en contra de la justicia de género.

En tanto no se enfrente esta situación, el ejercicio de derechos seguirá siendo una utopía, la sensibilización de la población frente a la problemática decrecerá y las mujeres sobrevivientes de violencia se mantendrán en un círculo de vulneración en donde el Estado, por acción u omisión, representa el eslabón que cierra y no deja salida a una vida plagada de exclusiones.

 

[1] Encuesta demográfica y de salud familiar. Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016. Capítulo Violencia contra las mujeres.

[2] Declaraciones de la ex congresista Luisa Cuculiza, agosto 2015.

[3] Video y testimonio visitado el 20 de junio del 2017: https://www.youtube.com/watch?v=Y5jC5cQnsKs

[4] Ley Nº 30.364.

[5] Extractos de la Sentencia del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Referencia obtenida en el artículo “Sobre los perversos argumentos jurídicos de la Sala Penal encargada del caso de Cindy Contreras”. Rodriguez y Torres, 2016.

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