La manada y la justicia patriarcal

La diversidad del acercamiento al conocimiento de lo que realmente ha pasado tras los hechos ocurridos en Iruña en los San Fermines de 2016 y la posterior sentencia del 20 de marzo de 2018 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra conocida como «la sentencia de la manada», más que clarificar enturbia la realidad, nos recuerda que seguimos viviendo en sociedades patriarcales que si ya no premian la violencia contra las mujeres tampoco la castigan con estándares verdaderamente universales, es decir sin sesgos masculinos.


No es la primera vez que el feminismo se tiene que enfrentar al terrible error interesado de confundir lo que sucede con lo que debe suceder, lo que es con lo que debe ser. El Derecho nos habla de cómo deben ser las cosas y no de cómo son realmente. La confusión entre estas dos realidades es lo que ha provocado un sinfín de sinsentidos y malentendidos en el caso que nos ocupa. El Derecho como todo discurso del «deber ser» contiene y refleja valores más o menos aceptados por el conjunto de la sociedad y aquí es donde empieza nuestro problema. ¿Qué es realmente una violación?: ¿lo que expresan los millones de mujeres que la han sufrido?, ¿o la definición jurídica que nos ofrece el derecho a través de los tipos penales? Seguramente en ambas definiciones encontremos rasgos de esa realidad, pero ¿cuál debe ser la relación entre ambas?, ¿cuál es la relación o cuál debe ser la relación entre el Derecho y la Justicia? Quizás para responder a esta pregunta debamos recordar que «el derecho puede ser justo o injusto» (Bobbio) o que «una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley lo que es justo» (Montesquieu). El debate jurídico sobre la justicia es irrenunciable.


Por lo tanto, me gustaría comentar lo que sucedió separando ambos registros. Mucho de lo que se ha escrito y debatido tiene que ver con cuestiones técnico-jurídicas, sin duda muy relevantes e interesantes, pero ocultan una realidad sangrante, como veremos, y que nos remiten a la cuestión fundamental que la sustenta. La gran maestra Celia Amorós nos enseñó «que lo más difícil de explicar es lo más evidente».


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Esta sentencia judicial, recurrible, ha escandalizado, pero no por ser excepcional, ha escandalizado porque desde hace ya muchos años un movimiento feminista indómito proclamó que «el miedo iba a cambiar de bando» y con esta proclama mentalizó a la ciudadanía en general de que existen ciertos hechos que no pueden ser admitidos en las sociedades autodenominadas democráticas, aunque legales deben ser reconocidos como injustos y por lo tanto las leyes deben cambiar. Estos hechos a los que me refiero no son solo las concretas expresiones de la violencia contra las mujeres, también debemos pensar en la forma en la que los distintos poderes del Estado, entre los que se encuentra el Judicial, los abordan y resuelven. En demasiadas ocasiones, aunque no los premien tampoco los castigan, como podemos comprobar en innumerables sentencias. Los y las juezas inaplican las normas porque no la comparten en su totalidad o en parte. Ese movimiento que se gestaba en tantas ciudades y pueblos, en Iruña, Hernani..., ha trabajado duramente para que la respuesta a hechos injustos como el sucedido en Iruña y su posterior consideración jurídica sea clara y contundentemente inadmisible. «No es no», no es abuso, es violación, nosotras no somos las sospechosas...


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Vayamos por partes: primero lo que dice el Derecho. Hasta 1989 la violación era un delito contra la «honestidad de la mujer», es decir que para que una violación (según la definición de las mujeres) se considerara violación por el derecho (delito) las mujeres tenían que ser y demostrar que eran «honestas». La norma establecía la honestidad como un límite a la libertad sexual de las mujeres. Si no eras y demostrabas que eras honesta el derecho no reconocía que se te pudiera violar (delito) y por lo tanto penar al agresor. En ese preciso año el derecho cambiará y dirá que la violación es un delito contra la libertad de las mujeres y en 1995 volverá a cambiar señalando que tanto mujeres como hombres pueden violar. Pero ¿qué entiende el derecho por «violación»? Según artículo 179 del Código Penal será violación todo acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o… que se produzca con «violencia e intimidación» como forma de «doblegar la voluntad» opuesta del sujeto pasivo otorgándole una pena de prisión de 6 a 12 años. La tipificación penal exige dos cosas. Primero que el violador viole con violencia e intimidación, y segundo que la violada demuestre que «su voluntad ha sido doblegada», si se quiere que demuestre que «no ha consentido». Pero la norma teme que los violadores puedan ser «injustamente» castigados con una pena tan grave y establece otra tipificación para la violación (según la entienden las mujeres) que es la de «abusos sexuales». En este caso, en el de los abusos sexuales, aunque se produzca por el violador un acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal o… pero sin uso de «violencia o intimidación», y aunque no haya consentimiento por parte de la mujer violada o este sea «consentimiento irrelevante» el derecho entiende que no existe violación y por lo tanto la pena de prisión es menor de 4 a 10 años.


En 2015 se produce una reforma Código Penal en la que una vez más se volvió a ignorar las reivindicaciones históricas de las feministas sobre los delitos de violación, sobre su necesaria modificación desde la perspectiva de género. La respuesta a esta petición suele ser el aumento de penas, pero la reflexión feminista no se centra en el aumento de penas, convencidas de que ese no es el camino, nuestras reflexiones y aportaciones tienen que ver con la necesaria revisión de conceptos como el de «consentimiento», «intimidación», o la tipificación de «agresión sexual» y «abuso sexual».


¿En qué consiste el cambio conceptual que exige la justicia feminista? En primer lugar, reconocer que existe una violencia estructural y ser consecuentes con la definición jurídica que establece el Convenio de Estambul, según el cual «la violación es la existencia de relaciones sexuales sin consentimiento». Esta definición debe ser trasladada a los ordenamientos jurídicos estatales. Por eso lo más importante es que en el delito de violación desaparezca la distinción entre «agresión sexual» y «abuso sexual», siendo un solo tipo penal con distinta gradación en la imposición de penas (un tipo básico y distintos agravantes). ¿Por qué? Por que como ya hemos dicho la violación (agresión sexual) exige acceso carnal no consentido y que además se produzca con violencia o intimidación y la violación (abuso sexual) requiere acceso carnal no consentido, pero sin que se produzca una conducta violenta o intimidatoria, y aquí empieza el problema. La violencia definida patriarcalmente, desde la experiencia de los hombres, exige uso de la fuerza, por ejemplo, que te peguen para doblegar la voluntad y la intimidación, desde la misma perspectiva, requiere que el violador anuncie que va a provocar un daño, por ejemplo, en un robo exhibiendo una navaja. Las mujeres no necesitamos navajas para saber que se nos anuncia un mal. ¿Qué mujer no ve con total claridad que, en una ciudad cualquiera, a cualquier hora del día o de la noche, cinco varones (no creo que sea necesario ninguna otra característica) con la sola expresión de su voluntad de practicar sexo con una mujer sola no están anunciando a gritos que le van a infringir un mal? ¿Por qué el derecho no entiende algo tan sencillo que entiende cualquier mujer?, que la sola presencia de cinco varones expresando su voluntad de practicar sexo es en sí misma intimidatoria, es el anuncio del daño que van a provocar.


El ejercicio de la fuerza más cruento es el que no necesita ni anunciarse. Y esto nos lleva a la segunda cuestión la que exige el «uso de la fuerza» para doblegar la voluntad de la mujer, como sería, por ejemplo, una bofetada. Bastaría con preguntar a las mujeres para saber que en una situación así no se necesita el uso de la fuerza para doblegar su voluntad, pero por si esto no fuera suficiente para el derecho sería conveniente que conociera los excelentes estudios realizados por psicólogos y psicólogas donde hablan sobre esta cuestión y afirman que no es necesario el uso de la fuerza porque las mujeres «saben» que no deben resistirse si no quieren que el mal sea mayor. El uso de la violencia no es necesario porque las mujeres saben que si se resisten el daño será mayor, llegando incluso a la muerte.


Pero quiero cerrar este artículo señalando que incluso con la regulación vigente, se podía haber producido otra interpretación y aplicación de las normas existentes, aunque no olvidemos que la que hacen es la habitual. Según afirman los y las magistradas en los hechos probados de la sentencia, la víctima goza de toda credibilidad, no así los condenados; el absoluto sometimiento de la víctima en ningún caso supone consentimiento; que para que exista violación no es necesario que la víctima exprese resistencia, pero no ven «intimidación» sólo «prevalimiento» y lo califican como abuso sexual renunciando a calificarlo como violación (agresión sexual). No olvidemos el voto particular que dice que no sólo no ve agresión sexual, tampoco abuso sexual, en realidad este magistrado como se puede comprobar en las doscientas y pico páginas de su voto particular tiene la idea de las relaciones sexuales entre mujeres y hombres tal y como nos las presentan en la pornografía, dónde las mujeres son violadas y violentadas sistemáticamente.


La naturalización de la violencia sexual contra las mujeres y el hecho de que traslade el juicio al comportamiento de la víctima y no al de los culpables requeriría algún tipo de actuación por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero lejos de ello los jueces ven con temor la reacción de la sociedad que cuestiona su forma de impartir justicia a las mujeres, como si acatar fuera lo mismo que respetar. En un Estado de derecho las sentencias se acatan pero para respetarlas la justicia debe demostrar «auctoritas» y esa se consigue a través del reconocimiento de la sabiduría lo que nos recuerda que todos los operadores jurídicos, incluidos jueces y juezas, fiscales y fiscalas, abogados y abogadas…, si realmente quieren impartir justicia deben formarse y capacitarse para juzgar con perspectiva de género, superando todo tipo de estereotipos que provocan un mal trato a las mujeres por parte de los sistemas judiciales.

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Medea, por Ximena Aragone