Lectura crítica feminista sobre la crisis de combustibles

Las medidas ultra-neoliberales adoptadas por Michel Temer frente a la huelga de camioneros merecen una lectura crítica desde el feminismo. En el siguiente informe se detalla cuáles son y cómo impactan los hachazos presupuestales del gobierno en la población más vulnerable –principalmente en las mujeres más pobres– pensados para favorecer los intereses del poderoso sector empresarial.

En el documento acordado junto al gobierno, el día 16 de mayo, la Confederación Nacional de los Transportadores Autónomos (CNTA) pidió una audiencia con la Presidencia de la República “en carácter de emergencia” para tratar los consecutivos aumentos en el precio del gasoil. En caso de que no se atendiera, advertía que las “manifestaciones pueden esparcirse por todo el país, incluso con fecha anunciada ya para el próximo día 21 de mayo”.

Desde que Michel Temer tomó la presidencia se anunciaron 172 aumentos del precio del combustible en los surtidores. Designado por Temer para asumir la presidencia de la empresa, Pedro Parente fue quien determinó esa nueva política de precios para Petrobrás, según la cual los reajustes oscilan de acuerdo con la cotización internacional del petróleo y la fluctuación del cambio.

La política de aumentos recurrentes del precio de los combustibles se inició en julio del 2017. Desde entonces las variaciones se vuelven constantes, como demuestra el gráfico a continuación. / Política de aumentos recorrentes do preço dos combustíveis tem início em julho de 2017, a partir de quando as variações tornam-se constantes, como demonstra o gráfico abaixo.

La variación de precios inviabiliza el cálculo de los fletes. El camionero autónomo negocia un valor que, al final, posiblemente no cubra los gastos con viaje, pues el combustible está más caro. Sin embargo, no solo de trabajadores autónomos vive el negocio de los transportes. Apenas el 30% por ciento de los camioneros son autónomos. Los demás trabajan para grandes, medias y pequeñas transportadoras. Como los patrones apoyaron, o quizás hayan organizado (fenómeno denominado lockout), el movimiento de huelga de los trabajadores, el sector destacó como principal reivindicación de la huelga el fin de los impuestos que recaen sobre el combustible, como el PIS-COFINS.

La huelga estalló, como se había prometido, el día 21 de mayo y se extendió durante 11 días. Brasil se encontró, nuevamente, rehén de la ausencia de una política de inversión en infraestructura de transporte de personas y cargas. El poder de los dueños y conductores de camiones es inmenso en un país en el que dos tercios de las cargas son transportadas en carreteras. Excluyendo petróleo y mineral, el 90% de las cargas van por carreteras. Diversas ciudades estuvieron desatendidas. Vuelos, clases y expedientes fueron cancelados y las flotas de autobuses en circulación disminuyeron vertiginosamente. Esos trastornos causados por la huelga fueron el enfoque de la telenovela periodística de las empresas de comunicación brasileña.

A lo largo de la huelga, el movimiento creció y otros sectores insatisfechos con el gobierno se unieron a los huelguistas. Los discursos anticorrupción también estuvieron presentes en las banderas levantadas por los camioneros. En pocos días, los pedidos de intervención militar pasaron a hacer parte del modo expresivo del discurso de quienes estaban en las calles y en las redes sociales.

Luego de seis días de paralización, Temer negoció con entidades representativas y anunció un acuerdo que interrumpió la huelga por quince días. Prometió reducir en R$ 0,46 el precio del litro del gasoil en las refinerías y no reajustar el valor por sesenta días. Lo concertado no preveía cambios en la política de precios. Al revés: comprometió a la Unión a compensar a los accionistas con las posibles pérdidas. Pero se trataba de un acuerdo nacional de aquellos que ya conocemos. Dos de las principales entidades se recusaron a firmarlo y, de las ocho que lo firmaron, siete representan a los empresarios del sector. Solo la fracción empresarial de un movimiento muy heterogéneo se puso de acuerdo con el gobierno. Se cumplió el guion más predecible del gobierno Temer: un acuerdo con empresarios sin la participación de los trabajadores.

La huelga, por tanto, siguió y fue reforzada con una cuestión crítica contra la política de Petrobrás, que empezó a resonar cuando las entidades de clase de los petroleros, en especial la Federación Única de los Petroleros (FUP), denunciaron la perversa política entreguista y sumisa al capital externo. Con ese discurso, la FUP convocó a la población para apoyar la huelga de los camioneros yendo a las calles el 30 de mayo, determinado como día nacional de lucha por la reducción del precio del gas y del combustible. Bajo el símbolo “el Petróleo es nuestro”, salieron no solo en defensa de los bienes nacionales sino también en contra a los reajustes que contribuyen para la pérdida real de los salarios y la precarización de las condiciones de vida. La paralización fue inicialmente convocada por 72 horas, pero no pasó del primer día. El Tribunal Superior del Trabajo (TST) determinó que era ilegal y estableció multa de R$ 500 mil para cada sindicato por día de incumplimiento de la medida. A pesar de la criminalización, la huelga no retrocedió. Solamente cuando el TST aumentó la multa para 2 millones al día por sindicato, las entidades cancelaron las paralizaciones.

 

Después de instaurado el caos, el presidente de la Petrobrás, Pedro Parente, responsable de la política de precios, renunció por medio de una carta enviada el día 28 de mayo a Temer y al “mercado”. Dos días después, el mandatario se rindió: en pronunciamiento recibido con cacerolazos, suprimió tributos, redujo el precio del gasóleo en 46 centavos, lo congeló por 60 días y se comprometió a reajustar solo una vez al mes. También le garantizó subvención económica a Petrobrás. Los centavos de descuento van a comprometer casi R$ 10 mil millones del Tesoro.

 

¿Cómo funciona esa cuenta?

A través de la medida provisoria nº 839 del 30 de mayo, el gobierno ilegítimo decretó auxilio financiero de 9,5 mil millones para Petrobrás, a modo de subvención económica. Ello significa que el precio del gasoil bajará 46 centavos para atender parcialmente la demanda de la paralización de los camioneros, pero el lucro de los accionistas de la Petrobrás estará mantenido como si el precio en los surtidores no hubiera bajado nada. El gobierno les pagará la diferencia.

O sea, el gobierno golpista va a transferir dinero de impuestos del área social para que la Petrobrás y sus accionistas lucren como si el precio no hubiera bajado. Además de ello, el acuerdo no afecta la política de igualar el precio del petróleo brasileño al internacional, es decir, los precios de la gasolina y del gas seguirán aumentando.

Para reducir el precio del gasóleo, el gobierno mantuvo la obligatoriedad de pago PIS/COFINS para empleadores, uno de los impuestos que financian la seguridad social. Pero, por otra parte, cortó gastos del presupuesto de la Unión, casi todos financiados por impuestos, esto es, recursos fiscales. En otras palabras, nuestros impuestos se usarán para mantener el lucro de los accionistas de la Petrobrás. Con eso, peor que congelar los valores destinados a la salud y educación por 20 años (Emenda Constitucional 95, de 2016), el gobierno reducirá las inversiones.

 

 

¿Dónde se harán los recortes en el presupuesto?

En vez de cambiar la política del precio reduciéndoles la ganancia a los accionistas o compensar esos 46 centavos tasando a grandes millonarios, grandes herencias, grandes propiedades rurales y las ganancias de los bancos y financieras –como sería más justo– el gobierno ultra-neoliberal cortó costes e inversiones en el área social. Cortó 150 mil en crédito educativo; 660 mil de la Política de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres; 1 millón y 800 mil en la promoción del trabajo decente y economía solidaria; 4 millones de inversiones en deporte e inclusión social; 7 millones en apoyo a vivienda de interés social. Para nosotras las mujeres, ello significa más desprotección, reducción de las oportunidades de trabajo para el sustento propio, menos apoyo a maternidad y cuidados con hijos/as adolescentes.

El área de la seguridad social, que debería ser protegida en momentos de crisis y elevado desempleo, sufre los mayores cortes: 12 millones en el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), siendo 3 millones en el SUAS para primera infancia; y casi 200 millones en el Sistema Único de Salud (SUS). En el área de asistencia, todavía se recortó 1 millón y 600 mil, cuya mayor parte está destinado a las Redes de Cuidados y Reinserción Social de Personas y Familias con Problemas con Alcohol y Otras Drogas.

En el SUS los recortes fueron del orden de 5 millones en la Red Cigüeña; 15 millones en la Farmacia Popular (la mayor parte afecta la gratuidad de medicamentos); 34 millones en el Más Médicos; 38 millones en mantenimiento de unidades de salud. O sea, la mejora de la atención al parto está amenazada, mientras que el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas y la cantidad de unidades de salud disminuirá y también el número de médicos en el sistema público.

Los demás recortes del SUS fueron en gastos diversos relacionados con el fortalecimiento del Sistema de Producción de Fármacos, Medicamentos y Fitoterápicos; Perfeccionamiento y Evaluación de los Servicios de Hemoterapia y Hematología; Atención de Referencia e Investigación Clínica en Patologías de Alta Complejidad de la Mujer, del Niño/a y del Adolescente y en Enfermedades Infecciosas; Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud; Modernización de Unidades de la Fundación Oswaldo Cruz. En otros términos, se retiró prácticamente toda la inversión en investigación y tecnología en salud pública.

El mismo decreto anuncia la reducción de 6 millones en saneamiento básico, entre otros, se resignan 2 millones en mejoras de ciudades con hasta 50 mil habitantes y áreas de poblaciones tradicionales. Esto es, las áreas que más sufren con escasez de agua corriente, irregularidad en la recolección de basura y alcantarillado abierto sin tratamiento son exactamente las que van a tener menos recursos para mejorar la infraestructura urbana. Entre otras cosas, esa medida agravará el cuadro de epidemia de arbovirosis. Datos de diversas investigaciones, como los de la Universidad de Paraíba, demuestran que el cuadro de disponibilidad de agua, recolección y tratamiento del alcantarillado, y una infraestructura urbana deficitaria contribuye a agravar el cuadro epidémico.

Las mujeres negras, que viven en las periferias y pequeñas ciudades, son las más afectadas por esa política. Como los hombres no asumen las tareas domésticas, las mujeres acaban siendo las más contagiadas por las arbovirosis, ya que pasan más tiempo en el ambiente doméstico, cuidando del hogar. Las campañas gubernamentales de prevención contra las arbovirosis son todas direccionadas a las mujeres, igual que las orientaciones de los agentes de salud y la vigilancia sanitaria, que pasan de casa en casa para evaluar las condiciones individuales de propagación de los mosquitos. Con ello, la culpa también recae sobre nosotras, a quienes nos dicen sucias. Las campañas no abordan lo que realmente agrava el cuadro epidémico: las condiciones sociales de saneamiento básico. Varios estudios indican que cuanto más saneamiento básico, menos víctimas. Ese año se registraron 45 casos de muertes confirmadas por dengue, chikungunya y zika, según boletín epidemiológico divulgado por el Ministerio de Sanidad. Otras 140 muertes todavía están siendo investigadas.

Otra área de recortes significativos fue la agricultura familiar: habrá 30 millones menos de los que estaban destinados a la educación en el campo y asentamientos, 12 millones menos para la Regularización de la Estructura Territorial en el Área de la Amazonia Legal, de acuerdo con lo que dispone la ley 11.952 de 2009. Como consecuencia, el gobierno les entrega las tierras de la región de la Amazonia a los grandes terratenientes, extractivistas y multinacionales. Además se suprimieron 5 millones de asistencia técnica y extensión rural para Agricultura Familiar, en un total de 47 millones. La agricultura familiar garantiza una importante fuente de sustento para muchas mujeres del campo y de las florestas, y es la que abastece mayormente el alimento consumido diariamente por la mayoría del pueblo brasileño.

 

 

Al analizar los recortes, queda explícita la prioridad del actual gobierno:

  • Mantener lucros del petróleo para los accionistas.
  • Mantener la política tributaria del Brasil que concentra renta, cobra muchos impuestos a los pobres y a la clase media asalariada, cobra poco y perdona impuestos de las clases de altísima renta y no cobra nada sobre lucros y rendimientos empresariales.
  • Mantener la actual política de transporte de cargas, sostenida en camiones, contaminantes.
  • Mantener la política de producción de alimentos del agronegocio y convertirla en la única posibilidad, debilitando la agricultura familiar y agroecológica.
  • Privatizar, por medio de estrategia de debilitación, las posibilidades de mejoría del sistema SUS; no apoyar a estudiantes pobres en la enseñanza superior.

 

Esa elección tiene clase, raza y género y demuestra el carácter misógino, racista y ultra liberal del golpe y su programa.

 

La amenaza de los combustibles fósiles

Los combustibles fósiles tienen origen en la descomposición de materia orgánica por millones de años y, por ello, se consideran no renovables, o sea, se agotarán algún día. Los más conocidos son el carbón mineral, el petróleo y el gas natural. El problema con esa fuente de energía es la contaminación y perjuicios que trae a la salud: al ser usados, esos combustibles liberan dióxido de carbono, principal responsable del calentamiento global. Otro elemento químico liberado cuando los usamos es el dióxido de azufre, causa principal de la lluvia ácida, que puede llevar a la destrucción de monumentos hechos de mampostería o mármol y de cultivos agrícolas. La contaminación del aire puede causar asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. La exposición prolongada puede aumentar las infecciones respiratorias en la población en general. Los niños y ancianos son más vulnerables a partículas finas y otras sustancias tóxicas en el aire. Y tenemos el problema del transporte de esos combustibles: en navíos son frecuentes los derrames que causan serios impactos a la vida acuática. Además, también asistimos a los problemas causados por una infraestructura de transporte de cargas, concentrados en las carreteras durante esos días de paralización de camioneros.

A partir del descubrimiento del petróleo en la camada del Pre-Sal, que formó, con otros pozos, la tercera mayor reserva de petróleo del mundo, Brasil pasó a ser el centro de la codicia de muchos gobiernos y empresas petroleras, en especial de Estados Unidos, que, a través de sus aliados, viene promoviendo guerras para garantizar acceso a reservas importantes en el Oriente. En América Latina, Venezuela y Brasil se convirtieron en el centro de atención y muchos/as analistas indican interés en el Pre-Sal como una de las motivaciones para el golpe que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia en 2016.

Los gobiernos Lula y Dilma proponían una política de uso social de la riqueza del petróleo para financiar educación y salud pública y promovían diversificación a través del incentivo a la producción de combustibles alternativos, biocombustibles, energía eólica –aunque hayan invertido mucho más en los grandes proyectos hidroeléctricos. Tras 2016, Petrobrás pasó a ser gestionada como empresa privada y el compromiso mayor de su actual gestión, financiada por los partidos en el poder ilegítimamente, es garantizar el lucro de los accionistas. Así, el precio del petróleo ya no es controlado y fluctúa con la valorización del dólar.

La subida de precios del gasoil hace aumentar el precio de alimentos, de los billetes de autobús y el gasto en la preparación de alimentos. Afecta a millones de mujeres y sus familias, aunque esos millones no estén en la cola de las gasolineras. Esas mujeres usan autobús, compran alimentos y cocinan en casa. Imposibilitadas de comprar gas para cocinar, las que viven en las periferias están usando alcohol o querosene. A causa de ello, hubo un aumento de quemaduras por cocinas improvisadas y de compras fraccionadas: media taza de aceite, media caja de cerrillas, frijoles solo de vez en cuando, carne ni pensar, frutas y legumbres compradas solo al final de la feria, pues quedan apenas los productos de baja calidad que son vendidos a precios más baratos, la famosa “xepa”. Todo ello hace decaer la calidad de la alimentación de las clases populares.

Una alternativa al gasoil y gasolina serían combustibles renovables y más baratos y, preferentemente, producidos de forma descentralizada, sin necesidad de ser transportados largas distancias, como energía solar, por ejemplo.

 

Agro es trash: causa de desabastecimiento provoca daño a la salud y encarece precios

El agronegocio produce mayormente para la exportación, pero aquellos alimentos para el consumo interno en las comidas cotidianas se producen a gran escala, en grandes extensiones de tierras (que se denomina monocultivo latifundista) y, consecuentemente, distantes de los locales de vivienda de la población. Ese modelo exige transportar, por largas distancias, los alimentos, que son puestos en centros de distribución desde donde son llevados para la venta en mercados, supermercados, ferias y tiendas hortifrutícolas. El alimento resulta más caro debido a los muchos intermediarios y al transporte. Cualquier problema en el transporte puede generar desabastecimiento, como lo que sucedió ahora.

Además de ello, esa forma de producción de alimentos exige una gran cantidad de fertilizantes y uso de muchos venenos contra plagas. Brasil es el país que más usa agrotóxicos del mundo. Gigantescas multinacionales facturan 10 mil millones de dólares al año vendiendo en Brasil agrotóxicos prohibidos en Estados Unidos y Europa. Según el Instituto Nacional de Cáncer, cada brasileño consume cinco litros de agrotóxico anualmente. El uso de esas sustancias está altamente asociado a la incidencia de cáncer y otras enfermedades genéticas.

La alternativa defendida por los movimientos sociales y por las pequeñas agricultoras y campesinas es la agroecología, producción de alimentos sin veneno y en pequeñas unidades próximos a las ciudades y villas, abasteciendo de modo descentralizado a la población. Los costes caerían a causa de la reducción de gastos con transporte y por la reducción del número de intermediarios. Y la salud de todo el mundo mejoraría mucho.

 

El problema del fin de los ferrocarriles

El siguiente es un fragmento del artículo de Roberto Andrés para el sitio Otras Palabras:

 

“En artículo en la revista Peseagrama, Fernanda Regaldo relata la triste historia de desmonte de la Red de Ferrocarriles Federal, que fue la mayor empresa pública del país, frente a la Petrobrás. En los años 1950, los trenes intermunicipales en el Brasil transportaban alrededor de 100 millones de pasajeros al año –y hoy no llegan a transportar 2 millones en sus pocas líneas.

Pero el impacto descomunal de la huelga coloca en cuestión nuestra extrema dependencia de estradas, asfalto, neumáticos y derivados de petróleo. Vale señalar que no siempre se dio de esa manera: nos volvimos una república de carreteras a lo largo del siglo XX, pese a la amplia malla de ferrocarriles y del inmenso potencial navegable que ha tenido el país.

La historia pasa por la construcción desenfrenada de carreteras, que se convirtió en pauta nacional por Juscelino Kubitschek y llevada a cabo en los años de plomo, junto al abandono paulatino de los ferrocarriles. “En el afán de las privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el sistema de ferrocarriles del país fue completamente desmembrado y concedido a la iniciativa privada, casi sin condiciones de interés público”, recuerda la autora.

En las manos de pocas empresas vinculadas a la minería, nuestra malla de ferrocarriles sobrante se restringió a la exportación de minerales, granos y biocombustibles. Y la mayor parte del transporte de cargas y pasajeros, que estructura la dinámica de Brasil, fue para las carreteras.

Ese modelo grava la logística del país, genera gran impacto ambiental y miles de muertes. Se estima que camiones gastan cerca de diez veces más gasoil que trenes para transportar la misma carga, y que más de 10 mil personas mueren al año en el Brasil en accidentes involucrando camiones.”

 

Es justo pedir reducción de gas, gasolina y gasoil. Es justa la huelga de camioneros y petroleros/as. No es justa la política ultra-neoliberal, dirigida para los lucros en primer y único lugar contra la calidad de vida de las personas y sus derechos humanos. Esta es la cuestión socio-ambiental brasileña hoy.

 

Por ello, se necesita una revolución. No una revolución que sólo apunta a cambiar de gobierno o la clase en el poder, sino una revolución de la política desigual de impuestos brasileños y, sobre todo, una revolución en el modelo de ciudad. Se necesita una revolución en el agronegocio y en los modos de producir alimentos. ¡Una revolución que cambie también los modos de vida, los valores y las relaciones sociales! ¡Una revolución por el bien vivir!

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Medea, por Ximena Aragone