Evo Morales en busca de la reelección

 

¿Qué país seremos/tendremos después de Evo? Para responder hay que remitirse a otras preguntas aún vigentes. ¿Creció la economía?, ¿se redujo la pobreza?, ¿disminuyó la desigualdad? ¿Se cambió la matriz productiva? ¿Mejoró la calidad del empleo? ¿Cómo vamos en educación y salud? ¿Mejor o peor? ¿Se respetan más los derechos humanos hoy? ¿La democracia se ha ampliado? ¿El Movimiento al Socialismo (MAS) cumplió sus promesas electorales? ¿Cuánto de lo ocurrido desde 2006 corresponde a la revolución democrática y cultural anunciada y cuánto es fruto de un mezcla entre la ortodoxia neoliberal en economía y un anticolonialismo retórico? ¿Qué ha ocurrido con la democracia, sus instituciones y la cultura ciudadana? Última pregunta: ¿El Estado se parece más a una versión local del ogro filantrópico[1] o al estado social de derecho proclamado en la Constitución (CPE)?

Hay amores que hieren y entre ellos está el renovado romance entre el gobierno, el FMI, la banca nacional e internacional y otros íconos del “imperio”, como les gusta calificar a las autoridades. Esta nueva relación con los organismos financieros coexiste con la condescendencia de los aliados del partido de gobierno dentro y fuera del país que toleran en “el indio” lo que critican en otros espacios: Evo Morales está buscando la tercera reelección a pesar de que un referéndum nacional ha dicho NO en 2016 y de que está prohibida por la Constitución. Esto por no mencionar las diversas ocasiones en que el propio Morales prometió dejar el gobierno en 2019. Aunque parezca anecdótico, las razones que esgrimen para la reelección son, en palabras de Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional: aquel símbolo de la constitución de lo popular, aquel símbolo que expresa la ruptura de la subalternidad, ¿por qué dejarlo ir? ¿Por qué ahora? Si uno se apegara estrictamente a las formas institucionales, correspondería dejarlo ir. Pero si uno se apega al núcleo ígneo de lo popular en movimiento, de lo popular unificándose, es un gran error perder aquello que se logra cada 100 o 200 años, la unificación, en aras de una lectura digamos plana de lo institucional (sic)”.

¿Cuáles son los logros del proceso a la cabeza de ese líder considerado providencial por sus partidarios? Uno de los indicadores que más enorgullecen a los gobernantes es el crecimiento de la economía, más del 5% anual durante la última década. Aplaudido por el FMI, el Banco Mundial y la CEPAL y mencionado por Morales como resultado del modelo económico no parece suficiente para explicar por qué países de signo político y modelo de desarrollo basados en principios contrarios a los sostenidos por el gobierno de Bolivia, como Paraguay, ocupan lugares también destacados en los rankings internacionales. Aunque las autoridades indican que el PIB  se ha triplicado en doce años lo cierto es que sólo ha aumentado en 2,1 % mientras que el PIB  per cápita se ha elevado en un 80 %. (Morales, 2017). Especialistas señalan que estos resultados no son malos, pero tampoco maravillosos, considerando la bonanza de precios internacionales. Otro indicador positivo es el relativo a la reducción de la pobreza, 21% en la última década. Sin embargo, aun medido con indicadores convencionales, Bolivia sigue entre los países más pobres de la región.

 

Límites del PBI como indicador

El PIB ha sido cuestionado como indicador de bienestar y en ese sentido se encuentra lejos de dar cuenta lo que en Bolivia se ha conocido como el “Vivir Bien”. Los trabajos Stiglitz y Sen Fitoussi han puesto de manifiesto las limitaciones del PIB como indicador del bienestar, así como su utilización en ocasiones inadecuada. En particular, se considera que este indicador es un agregado monetario que presta poca atención a los temas distributivos y a los elementos de la actividad humana o del bienestar para los que no se dispone de valoración de mercado. Directa o indirectamente, el PIB mide flujos productivos e ignora el impacto de las actividades productivas sobre los stocks (incluidos los recursos naturales). Frente a otros agregados macroeconómicos, puede ofrecer una visión sesgada de las tendencias económicas y puede dar lugar a análisis erróneos si se usa de una manera parcial y aislada, obviando los criterios de sostenibilidad. Es decir, se concluye que el PIB es una herramienta inadecuada para evaluar el bienestar en el tiempo, en sus vertientes económica, medioambiental y social.

En la misma línea, la economía feminista exige un nuevo paradigma de desarrollo que no se base solamente en el crecimiento económico y cuyo indicador no sea el PIB medido en forma tradicional, que hace invisible a la mitad de la economía no monetaria. El modelo clásico ignora actividades esenciales que se realizan fuera de los mercados, tales como el mantenimiento del hogar, el voluntariado, la crianza de los hijos, el cuidado de los ancianos y gran parte de la producción de alimentos y cuidado de los cultivos. Por cada 100 hombres que viven en la pobreza, 113.5 mujeres se encuentran en la misma condición, lo que muestra que su reducción, considerada un logro por parte del gobierno, ha beneficiado más a los primeros.

Más empleo pero de mala calidad, cierre lento de la brecha de ingresos y salarios con un tercio de mujeres en edad de trabajar que no tienen ingresos, reducción de la pobreza pero aumento de la proporción de mujeres pobres, redistribución por la vía de bonos y subsidios muestran que en materia de políticas sociales hubo más de lo mismo. En el ámbito del desarrollo productivo, Bolivia ha profundizado el extractivismo inclusive a costa de romper su alianza estratégica con los pueblos indígenas. Eduardo Gudynas, analista en temas de medio ambiente y desarrollo, al abordar el modelo de extractivismo en países denominados progresistas como Ecuador o Bolivia, señala su analogía en relación a gobiernos liberales como Colombia o Chile: lo único que los diferenciaría es cómo administra el Estado el papel de las empresas privadas y cómo se regula el mercado.

 

El lente con el que se analiza el período –que, según concluye Gudynas, será el de los cambios producidos en aspectos centrales de la vida de las mujeres como ciudadanas y sujetos políticos, pero a partir de la convicción de que no hubo un proceso político que desmonte las instituciones y la cultura de discriminación hacia las mujeres–, es una democracia deficitaria aunque se autodenomine revolucionario.

En Bolivia las mujeres siguen siendo tratadas como una minoría virtual aunque son la mayoría de la población. Lo primero que salta a la vista al analizar los últimos diez años es el desequilibrio entre los esfuerzos realizados por las mujeres durante muchos años, décadas por transformar las relaciones desiguales de género y la lentitud de los cambios. Hay tres aspectos centrales: la insuficiencia de la democracia, la invisibilidad de las mujeres en la economía y la violencia contra las mujeres. Es importante señalar que el feminismo que sustenta este análisis se entiende como una filosofía política de la igualdad que interpela la democracia y los paradigmas de desarrollo promoviendo el reconocimiento, la visibilidad y la justicia para las mujeres.

¿Qué duda cabe? Bolivia ha cambiado en la última década. Cambios demográficos y sociológicos como el aumento de población, los procesos de urbanización, el aumento de la expectativa de vida y el descenso en la fecundidad nos están indicando desafíos en materia educativa, laboral, de salud y de protección social que están lejos de cumplirse. En todos los casos mencionados los avances han sido cuantitativos (más educación, más ingresos/bonos) sin cambios en la matriz productiva, escasa innovación tecnológica, manteniendo la estructura laboral, en particular la segmentación desfavorable a las mujeres, y sin cambios significativos en la división sexual del trabajo, del poder y del tiempo.

Lo que ha cambiado de manera drástica el perfil del país es la centralidad de los movimientos sociales como parte de la nueva élite gobernante. La evolución hacia el corporativismo y la ausencia de un Estado de derecho hacen pensar que el legado de la década podría revertirse si no se recupera una ruta democrática, pero aun así los grupos sociales –particularmente la “burguesía chola”– que ocupan los espacios de poder difícilmente retornarán al pasado. Como dice Mesa (2017) “La ‘nueva burguesía’ no es tan nueva, pero en lo que es muy antigua es en sus fundamentos. Su vitalidad está fundamentada en una deidad milenaria, la misma de los fenicios, la que sistematizó un filósofo de la economía en el siglo XVIII, su dios se llama Mercado, su magia y sus poderes están basados en dos pilares mágicos y ‘perfectos’: oferta y demanda, que se mueven a partir de una premisa de oro, libertad, expresada en la libre oferta y demanda y la sacrosanta propiedad privada”.

Refiriéndose al siglo pasado, García Linera (2017) se refiere a la presencia de “comerciantes exitosos, de compradores de tierras comunales o de encholamientos oligárquicos que, sin embargo, portarán una ciudadanía sospechosa, que deberá ser negociada con la formación de redes clientelistas, la exhibición de dinero y el acatamiento del estilo de vida de las elites tradicionales”. Se esperaba pues que estos grupos legitimaran el capital étnico a través de una democracia intercultural que a diez años tiene más semejanzas con el pasado que cercanía con la promesa electoral. El corporativismo por medio de la cooptación de las organizaciones sociales, el fortalecimiento de liderazgos autoritarios de cocaleros, cooperativistas mineros, transportistas, dirigentes vecinales y mujeres de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa ha ampliado la base social surgida en los cincuenta y vehemente criticada por el teórico del gobierno boliviano.

 

Insuficiencia de la democracia

La mayoría de las democracias realmente existentes son deficitarias desde la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres. El principio de igualdad y el reconocimiento activo de los derechos individuales son valores esenciales de la democracia y si bien estos aparecen en la Constitución política del Estado, son atenuados por la idea de pueblo donde las mujeres se subsumen como sujetos subordinando sus derechos a los objetivos de una colectividad plurinacional donde lo masculino es hegemónico. Es verdad que se han constitucionalizado derechos internacionalmente reconocidos[3] y las alusiones adjetivas a ciudadanas y ciudadanos son parte de la retórica oficial, pero en los hechos son los grupos corporativos mal llamados “movimientos sociales”, los que son hegemónicos y marcan la pauta en la política nacional. En ese contexto la agenda de igualdad de género se diluye. Por otro lado, a pesar de ser Bolivia un Estado laico, grupos fundamentalistas han cobrado fuerza política y mediática apoyando legisladores e iniciativas legislativas contrarias los derechos de las mujeres como ocurrió con el artículo quinto del Código del Niño Niña y Adolescente donde se incluyó a los no nacidos como sujetos de derechos en un claro intento por impedir la despenalización del aborto.

Muy sugerente es que la CPE reconoce que “la República de Bolivia (sic) adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”[4]. Equivalencia no es sinónimo de igualdad de derechos; más bien se trata de un concepto que define el horizonte normativo hacia el que nuestras sociedades aspiran a llegar basado en el reconocimiento de los derechos humanos universales.

La democracia en Bolivia tiene una historia accidentada donde el sujeto activo ha sido casi siempre colectivo: pueblos, comunidades, sindicatos y movimientos sociales. Lo propio de este proceso es la pérdida de independencia, expresado en el pacto de la Central Obrera Boliviana con el gobierno. En el pasado, el sufragio universal que igualó a indígenas/campesinos y mujeres en muchos sentidos permitió la instalación de regímenes donde las mujeres jugaron un papel fundamental pero subsidiario, como lo demuestra la historia de las barzolas, el comité de amas de casa mineras y las mismas bartolinas, sin cuyo aporte no estaríamos viviendo en democracia pero que, a diferencia de otros actores, una vez conquistada la democracia no cobraron factura y retornaron a sus “cuarteles domésticos” a resguardar la reproducción de la vida. En el pasado mujeres e indígenas accedieron a la educación, a la tierra, conquistaron el derecho a elegir y fueron elegidos de manera excepcional. La democracia boliviana inclusive en sus momentos estelares como durante el período de la Unidad Democrática Popular fue deficitaria simplemente porque los grupos mayoritarios no estaban suficientemente representados.

El período que analizamos fue escenario de uno de los cambios más importantes en la historia democrática con frecuencia representados por la imagen del presidente indígena que ha pasado de ser visto como un líder continental a una figura más cercana a la estética de lo grotesco. La sustitución de la élite gobernante por nuevos rostros y nuevos liderazgos derrumbaron las barreras raciales, sociales y económicas que situaron a sus antepasados en los márgenes de la sociedad y del poder político. El gobierno de Morales sustentado por cocaleros, cooperativistas mineros y otros grupos corporativos de origen popular, que hoy forman parte de la élite gobernante, ha incluido a las mujeres indígenas organizadas través de las Bartolinas obteniendo una victoria de doble cara: por un lado se produce el ascenso al poder de las representantes del sector más discriminado de la sociedad y por el otro asegura la derrota vía intimidación y cooptación de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

La principal organización de mujeres indígenas se ha convertido en uno de los pilares del corporativismo rentista que gobierna, lo que además de ser riesgoso para la democracia representativa, lo es para una democracia sustantiva que solo puede lograrse con base en el reconocimiento y respeto de los derechos individuales. La cúpula de las Bartolinas ha llegado a formar parte de lo que se conoce como élites discriminadas[5], una de cuyas características es la falta de autonomía frente a los titulares del poder. Aún no está escrita la historia de los efectos que la cercanía al poder por parte de la dirigencia ha tenido sobre las mujeres indígenas rurales y urbanas.

Por otro lado, Bolivia ostenta un notable prestigio internacional porque en el ámbito legislativo ha alcanzado la paridad, una de las reivindicaciones más caras al movimiento feminista. Esa presencia inédita que produce la sana envidia en otros países interpela uno de los supuestos de la democracia paritaria que afirma que una de las explicaciones de la discriminación de las mujeres radica en su baja participación en la toma de decisiones. El caso boliviano plantea por lo menos dos cuestiones. La primera tiene que ver con la importancia de articular la lucha por la paridad con la autonomía política de las mujeres en el sentido de contar con un sistema de partidos que asegure la democracia interna y dentro de ella admita la posibilidad de alianzas transversales para legislar en favor de una agenda feminista. La segunda es aún más crítica porque cuestiona la legitimidad de las instituciones democráticas, los partidos contribuyendo a la deslegitimación de la política.

Es frecuente que las recién llegadas a la gestión de gobierno enfrenten obstáculos vinculados a la falta de fuerza política para negociar prioridades. Si a eso se suma la ausencia de un movimiento feminista fuerte e independiente de los partidos de gobierno se puede entender por qué se ha desdibujado la agenda feminista en los últimos años. La llamada despatriarcalización cuyo valor es más retórico que conceptual[6] ha logrado, con la colaboración de muchos organismos internacionales y sin presupuesto nacional, que Bolivia navegue sin pena ni gloria con una institucionalidad de género de baja jerarquía, débil en su capacidad de gestión y limitada en su capacidad de apoyarse en las leyes aprobadas para mejorar la vida de las mujeres.

 

A modo de muestra

Uno de los ejemplos del abandono de la agenda de las mujeres es la mortalidad materna que sitúa a Bolivia a la cola de todos los países de la región solamente por delante de Haití. Mientras, en otros países las mujeres que mueren por causas relacionadas con la maternidad están por debajo de los 50 sobre 100.000 nacidos vivos, en Bolivia la razón de mortalidad materna es de 160 mujeres por 100.000 nacidos vivos[7] muriendo ellas por causas previsibles que requieren inversiones certeramente con menor costo y mayores retornos a las de una central nuclear, una central hidroeléctrica o una escuela antiimperialista. Otro dato alarmante es el incremento de los embarazos adolescentes: 13% de niñas entre 15 y 19 años son madres, lo que sitúa a Bolivia en el mismo nivel de indolencia que la mayoría de los países. Esta cifra es conservadora ya que son cada vez más frecuentes los embarazos de niñas menores de 15 años que no forman parte de las estadísticas y a menudo son víctimas de alguna forma de abuso sexual.

El proceso de cambio que en el ámbito macroeconómico exhibe indicadores exitosos, no tiene, sin embargo, buenas noticias en cuanto a los logros de beneficio de las mujeres.

 

Hecha la ley

La violencia contra las mujeres es una pandemia de alcance global. Se trata de un fenómeno que pone en evidencia la distancia que existe entre los derechos reconocidos y la igualdad real. Más aún la muerte de las mujeres en manos de sus parejas y ex parejas además de reflejar el poder masculino sobre las mujeres, se caracteriza por el ensañamiento y una crueldad que expresa el odio de los perpetradores y la incapacidad para aceptar los avances y la rebeldía de las mujeres. No es un problema boliviano, lo nuestro es la impunidad, la falta de acceso a la justicia, la invisibilidad estadística, la violencia institucional, el machismo verbal de los gobernantes, el acoso político a las mujeres activas, la corrupción e ignorancia de jueces, fiscales y policías a los que se suma un uso machista de los usos y costumbres para obligar a la conciliación entre víctimas y perpetradores. La propia ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia desoye todas las recomendaciones y estudios internacionales, así como la voz de las feministas al integrar el principio de conciliación entre víctimas y perpetradores. Esto, a la luz de la impunidad reinante, es el menor de los problemas. La crisis de la justicia en el país hace inviable la aplicación de la ley en el ámbito de la sanción, pero resulta incomprensible que los sectores responsables de llevar a acciones para prevenir como educación, brillen por su ausencia, así como muchas gobernaciones y municipios que no asignan recursos ni ejecutan el presupuesto asignado.

 

El aporte a la economía

El artículo 338 de la CPE reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y establece que deberá cuantificarse en las cuentas públicas. Este es uno de los logros normativos más importantes en materia de igualdad de género. Por lo mismo, su incumplimiento es una de las ausencias más significativas. Prestar atención al trabajo no remunerado y de cuidados además de visibilizar el aporte de las mujeres y facilitar el diseño de políticas de igualdad tiene la virtud de cuestionar algo que siendo una herencia de las miradas económicas más tradicionales ha tenido continuidad en esta década: la asociación entre trabajo y empleo que deja por fuera el trabajo doméstico no remunerado cuyo aporte al bienestar de las familias y la sociedad ya forma parte de las políticas más innovadoras en curso. No se ha dado ni un paso para medir este aporte a través de las encuestas de uso del tiempo existentes en 18 países de la región y que son la base para cumplir la norma. Por el contrario, las mujeres pobres son consideradas responsables naturales del cuidado de niños y adultos mayores, situación que hace incompatible no solo el acceso al empleo formal si no también la búsqueda de este en el escaso tiempo de que disponen. La falta de políticas de cuidado es también una expresión de ineficiencia que impide aprovechar los logros educativos de las mujeres.

Las mujeres además están sobre representadas entre los pobres y el empleo precario. Empleos mal remunerados, sin contrato ni protección social y trabajo informal donde abundan “emprendedoras” sin acceso a mercados. Gracias a los importantes ingresos producto de las exportaciones y el consiguiente aumento del consumo, la proporción de mujeres sin ingresos propios bajó de 45% en 2007 a 37,8% de las mujeres al presente. Pero todavía más de un tercio de las mujeres en edad laboral y reproductiva no tienen ingresos propios. Esto quiere decir que aun aquellas que viven en familias no pobres, están expuestas a una mayor vulnerabilidad que quienes son perceptores de ingresos. Un cambio en el estado civil por viudez, una vida con violencia o cualquier otra causa coloca a esas mujeres en el umbral de la pobreza. Hay que señalar que la capacidad de obtener ingresos propios por parte de las mujeres es imprescindible para fortalecer su autonomía. En materia laboral, Bolivia al igual que otros países de distinto signo político, ha visto un aumento del empleo femenino[8], pero no lo ha hecho mejor que nuestros vecinos de la región, donde la brecha salarial y de ingresos aunque se ha reducido lentamente, solo se explica por la discriminación[9]. Los avances han sido cuantitativos, vale decir, más mujeres trabajan recibiendo una remuneración, pero no hay evidencia de políticas favorables a promover su ingreso al mercado de trabajo en mejores condiciones. Y no la hay porque, como ya se ha señalado, Bolivia no ha dado ni un solo paso en la dirección de enfrentar las causas de la deficiente inserción laboral de las mujeres a pesar de que por el contrario las mujeres   siguen subsidiando al Estado como ocurre en muchos países de economías donde, justamente, el Estado no tiene un rol activo en la generación de empleo.

La innovación, tanto en materia conceptual como en la práctica política, conlleva riesgos. Por ello es imprescindible precisar los objetivos que la innovación pretende alcanzar y priorizar las metas y los instrumentos para conseguirla. La creación de expectativas, si va seguida de su incumplimiento, genera pérdida de credibilidad, frustraciones y conflicto social latente o manifiesto.

Así por ejemplo, si bien se reconoce avances en la opinión pública frente a la violencia contra la mujer y la importancia en el cambio de la legislación al respecto, resulta desalentadora la persistencia de la violencia expresada de nuevas maneras, tanto brutales como en el caso de los femicidios, como sutiles mediante tenues mecanismos de la banalización y no reconocimiento de las ideas, propuestas y conocimientos producidos por las mujeres. La resistencia provocada por el profundo anclaje cultural patriarcal que subyace a las normas y reglas que organizan las relaciones entre hombres y mujeres, constituye un freno reiterado para que las mujeres puedan elegir, decidir, difundir y generalizar estilos de vida diferentes. Uno de los principales expositores de la banalización y la violencia hacia la mujer es el presidente Morales quien ha provisto al país de una colección de frases machistas al estilo de la realizada durante un acto en la entrega de 34 ambulancias en Beni: “Beni es tan grande, hay que planificar ministra de Salud, (…) no quiero pensar que es lesbiana compañera ministra”, dijo Morales en “tono de broma”.

Por ello mismo, más que nunca se plantea la importancia de afectar los mecanismos culturales e institucionales que producen y reproducen las desigualdades y de buscar alianzas con los distintos actores sociales y políticos que pueden contribuir a desmontarlos. Los avances de las mujeres han tenido como telón de fondo un proceso político donde la democracia es instrumental y los derechos de las personas no se reconocen universales. Recuperar la legitimidad de la política como el espacio de confrontación de nuevos marcos de interpretación de la realidad y de horizontes de futuros deseables es un desafío ineludible puesto que solo en ese marco será posible transformar las relaciones de poder que se han establecido durante diez años y donde las mujeres a pesar de haber ganado en representación han perdido fuerza pública y autonomía para enfrentar los viejos y nuevos conservadurismos.

La reconquista del marco de los derechos humanos demanda nuevos pactos en favor de procedimientos democráticos para los que el feminismo como proyecto político de transformación ofrece una larga y notable experiencia.

 

* Este texto es una versión corregida de otro, escrito bajo el título de “Más continuidades que rupturas” (Fuerza Ciudadana, 2017).

 

[1] Se refiere a El ogro filantrópico, de Octavio Paz.

[3] Los tratados e derechos humanos forman parte de la Constitución Política del Estado (CPE), en particular la CEDAW.

[4] Énfasis mío.

[5] Élites discriminadas es la etiqueta paradójica con la que la autora califica el proceso de sobre selección social y el menor logro que caracteriza las trayectorias sociales de estas mujeres. Véase: http://www.anthropos-editorial.com/DETALLE/ELITES-DISCRIMINADAS--BA-012

[6] Un notable ejemplo lo ofrece el discurso de la representante de ONUMUJERES, Lakshmi Puri, ante los países del G-77, bloque que en la última década se ha opuesto sistemáticamente a apoyar los acuerdos de derechos humanos en favor de las mujeres.

[7] Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2011.

[8] Bolivia figura entre los países con mayor tasa de participación laboral junto al Perú.

[9] De acuerdo a CEDAW “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

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