Por Lula y en defensa de la democracia

Entre 2016, año del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, y 1985, año del final del último gobierno militar del período de dictadura, transcurrieron treinta y un años. El proceso de democratización política que atravesó ese breve tiempo de la historia fue frágil, contradictorio y sostenido políticamente en un modelo de democracia liberal.

Según Luiz Felipe Miguel, “... la diseminación del encuadramiento liberal hizo que nuestra propia transición política fuera evaluada teniendo como único metro las instituciones formales que de ella emergieron… La convivencia entre democracia y desigualdad aparecía como natural y poco problemática. La creencia en un cielo político completamente desvinculado de su base natural, que Marx ya denunciaba, se convirtió en artículo de fe general” (2018, p. 1).

Pero nosotros, y cuando hablo en nosotros, estoy hablando de aquellos y aquellas que luchan por transformación social, caminábamos con esperanza y la determinación de construir siempre nuevos procesos de rupturas que llevarán esa democratización –no sin contradicciones– para un horizonte de justicia social y profundización de la democracia.

 

El período de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, primer obrero y primera mujer, respectivamente, a ser elegido y elegida para Presidencia de la República en el país, fortaleció esta caminata, una vez que disminuyeron, aunque lentamente y sin las reformas estructurales necesarias, los índices de la desigualdad y sobre todo de la pobreza. La ciudadanía y su corolario, la garantía de derechos como condición ineludible para la construcción de un país democrático, reivindicada por los movimientos sociales, fueron, a lo largo de esos dos gobiernos federales, afirmadas por ellos como compromiso, a la vez que las políticas públicas iban siendo implementadas en este sentido.

 

Pese a que esos procesos no se hayan dado en profundidad y extensión necesarias, los cambios en la vida cotidiana aparecían en los paisajes urbanos y rurales, en las escuelas públicas, en los servicios sociales, y en otros espacios de acceso público al bien común, fueron evidenciando que algo cambiaba para mejor. Al mismo tiempo que parecían emerger y fluir expresiones de una subjetividad ciudadana cada día más fuerte en la población, notablemente en aquellos sectores sometidos a los grados más profundos de desigualdad de raza, de clase y de género.

 

Nosotras mujeres feministas organizadas, veíamos durante este período de 2002 a 2016, los signos evidentes de los resultados positivos de nuestra lucha. Seguíamos criticando, presionando, luchando, en fin, como es propio de un contexto democrático. La libertad de expresión y organización política se intensificaba, las causas de la población negra, indígenas, de las mujeres, de la población LGBTI y de clase obrera del campo y de la ciudad, que también se compone de esas poblaciones, ganaron más legitimidad. Los espacios de diálogo y negociación entre movimientos sociales y gobiernos se expandieron, en un proceso que significaba avances y contenciones, pero que, a la vez, eran reivindicados como instancias de la democracia participativa a ser profundizados y repensados hacia una democratización del poder político. Los movimientos sociales defendían y defienden una Reforma Política, no solo de los procesos electorales, sino también de la totalidad del sistema político.

 

Muchos factores contribuyeron para que vivamos con esperanza y a la vez con la certeza de que solo por la fuerza de la organización popular podríamos avanzar en el proyecto democrático. La conciencia crítica del proceso dialéctico, que constituye la historia con sus contradicciones, nos permitía saber que el camino de la trasformación no sigue una línea recta y que el recorrido de la democratización del país seguramente pasaría por dificultades y conflictos. Pero ni en el peor de nuestras pesadillas admitíamos o incluso anteveíamos la posibilidad de un golpe de estado que llevara a la ruptura de la legalidad democrática como se dio en 2016.

 

El golpe se hizo por articuladores ocultos, traidores, hombres violentos y codiciosos para destruir las políticas sociales que sostienen la vida cotidiana, eliminar los derechos laborales que aseguran ciudadanía a millones de mujeres y hombres, privatizar los bienes públicos y comunes para auto favorecimiento y, finalmente, pero no menos grave, para cumplir los designios del sistema financiero y de otras corporaciones y entregarles la riqueza del país a los capitalistas del norte, que no cesaron, jamás, de extorsionar a los países del sur.

 

Cuando los indicios de una conspiración política para derrocar a Rousseff empezaron a evidenciarse, iniciamos una etapa de lucha dolorosa y ardua. La resistencia contra el golpe. Para el movimiento feminista, la resistencia estaba directamente vinculada a la lucha contra la violencia patriarcal. La violencia sexista se utilizó, amplia y permanentemente, como un arma contra la Presidenta, mostrando, de esa manera, que la misoginia es un elemento central para la disputa política basada en la truculencia y en la ausencia de principios éticos. La escena de asunción del presidente ilegítimo, cercado de sus ministros, también ilegítimos, es memorable como demostración de lo que significa, en el concreto real, el concepto de patriarcado: un sistema de poder de los hombres, evidenciando también su imbricación con el capitalismo y el racismo.

 

 

Hoy quienes realizan analistas críticos muestran las evidencias de que el golpe es parte de una estrategia internacional de profundización del neoliberalismo con su agenda de austeridad perversa. Resaltando también como Brasil es fundamental para la profundización de este proyecto global en América Latina, el cual implica un proceso político cada vez más autoritario para garantizar una acumulación de riqueza cada vez mayor a través de una super explotación del trabajo productivo y reproductivo y del despojo. En Brasil, las fuerzas políticas al servicio del neoliberalismo están en estrecha alianza con los sectores fundamentalistas, que avanzan como sector económico y como fuerza política en el escenario nacional.

 

Desde el golpe, se protagonizan sucesivos golpes por el grupo que detenta, en ese contexto, el poder político en el país. La nueva etapa del golpe tiene que ver con las elecciones generales de 2018, para el Poder Ejecutivo y Legislativo en los niveles nacional y estaduales que incluye una nueva elección para la Presidencia de la República. Varios elementos de la coyuntura muestran el juego truculento de las disputas para garantizar el control de ese proceso y las amenazas pesan sobre la esfera política.

 

Un elemento céntrico del juego autoritario es una persecución política, cada vez más fuerte, a Lula da Silva, la cual aparece travestida de proceso judicial y legal, teniendo como base de su institucionalidad la llamada Operación Lava Jato. Esa, a su vez, se constituye de investigaciones policiales y procesos judiciales contra la corrupción, la cual viene mostrando su parcialidad como también su arbitrariedad con demostraciones explícitas de selectividad, violencia y arrogancia.

 

Boaventura de Souza Santos, refiriéndose a esa misma cuestión, afirma:

 

“… frente a las chocantes irregularidades procesuales y de la grosera selectividad de las investigaciones, temprano nos demos cuenta de que no se trataba de ello, sino antes de liquidar, por la vía judicial, no solo las conquistas sociales de la última década sino también las fuerzas políticas que las volvieron posibles” (2018).

 

Por ello, los movimientos sociales y los partidos de oposición y otros sectores democráticos de la sociedad que luchan por el retorno de la legalidad democrática ponen, en este momento, la defensa de ese ex presidente, de su derecho, de ciudadanía política, a participar de la disputa electoral como candidato a la Presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores (PT).

 

Los procesos y condenas contra Lula da Silva se hacen sin pruebas materiales y con el objetivo explícito de retirarlo del proceso electoral y más radicalmente de la escena pública brasileña e internacional. La condena de Lula y el intento de impedirlo como candidato en las próximas elecciones se configuran como más una etapa de ruptura de la institucionalidad democrática, ya tan desfigurada.

 

El derecho de Lula a candidatearse es una bandera de lucha que resuena en todas las manifestaciones callejeras, de los movimientos sociales y partidos de izquierda y otros sectores democráticos y en numerosos mensajes de las redes sociales. El intento de impedirla muestra la extensión y continuidad del proceso del golpe y deja una vez más en envidencia el papel central del Poder Judicial en ese proceso de ruptura democrática.

 

Como analiza la periodista Tereza Cruvinel, en noviembre de 2017, “la carrera del TRF-4 para condenar a Lula es asombrosa porque explicita un alineamiento desvergonzado del Judicial con las fuerzas políticas, económicas y mediáticas empeñadas en obstruir su candidatura” (Cruvinel, 2017, p. 1).

 

La expresión violenta del odio de clase, racista, homofóbica y sexista viene dictando las reglas de las acciones del gobierno federal instituido a través del golpe. La violencia política y social del gobierno no tiene límites; censura, prisiones, represión, violencia en las calles, intervenciones militares, todo ello son armas para impedir el avance de las fuerzas democráticas. La intervención militar en Rio de Janeiro es la declaración más absoluta de la política de eliminación de la ciudadanía de la población trabajadora, mayoritariamente negra, que habita los espacios más precarios y vulnerables de las ciudades. Según Guilherme Coutinho, “el golpe en curso, en el que se encuentra el Brasil, ya permitió la vuelta al trabajo esclavo, acabó con los derechos históricos de los trabajadores, convirtió a los pobres en más pobres y a los ricos en más ricos” (2018).

 

El retorno de Lula a la Presidencia es visto, por la élite económica y por los que dominan las instancias de poder público en ese contexto, como una amenaza y como posibilidad concreta de reversión de ese cuadro actual, y de retomar lo que se interrumpió. Lula candidato tiene todas las posibilidades de victoria. Los resultados de comunicación que sostuvieron el golpe muestran la preferencia del electorado por él e indican la posibilidad de su victoria en el primer turno. Pero no solo los resultados de las encuestas indican eso, el clamor popular que su presencia provoca es fuerte, conmovedor y esperanzado.

 

Un gran esfuerzo actual por parte de los grandes medios de comunicación, sosteniendo el discurso oficial, asume el sentido de normalizar la situación de excepcionalidad en la cual está sumergido el país. Para ello, a través de recursos mediáticos, la realidad es reconfigurada. Escenas y mensajes engañosos, informaciones y datos manipulados se ven y se leen en las pantallas y páginas de televisiones y periódicos de los grandes medios privados que no corresponde a lo que se ve y se siente en las calles y en los campos del país. Mostrar una realidad social que no corresponde a la realidad, selecciona y construye versiones sobre informaciones que omiten o transforman los contenidos que pueden aclarar la población sobre la impunidad de políticos que, comprobadamente, cometieron crímenes políticos. Si, por una parte, los medios ocultan esos políticos que hacen parte del grupo del poder, por otra parte, en la persecución a Lula construyen verdaderos espectáculos mediáticos y los convierten en hechos –esto es, en pruebas– acusaciones sin comprobación. Dramático es que esas acusaciones, elaboradoras por los grandes medios de comunicación, son tomadas como pruebas en los procesos –lo que se configura como una relación de intercambio y complementariedad entre este sector hegemónico de la media y los sectores del poder judicial.

 

Foto: Ricardo Stuckert

Lula representa para esta élite no solo la amenaza de reversión del proyecto cruel instalado por el golpe, sino también la llegada de un obrero al poder por medio de una trayectoria que está fundada en la organización colectiva de la clase obrera. Además, el ex sindicalista es inmigrante, del nordeste para São Paulo, hijo de una mujer trabajadora y reivindica permanentemente su origen natal y de clase y reafirma su compromiso con la población en situación de pobreza y la construcción de un país con justicia social.

 

Un obrero en el poder contraría la tradición política de la burguesía que, por toda su vida, tuvo en la Presidencia de la República del Brasil alguien a su imagen y semejanza. Sobre todo si ese ex obrero y ex Presidente se muestra fiel a su origen y establece de manera franca y directa una relación de proximidad y acogida con la masa de trabajadores y trabajadoras que comparecen a las manifestaciones públicas.

 

Si Lula concurre a las próximas elecciones, tiene una altísima probabilidad de vencerlas. Su victoria representaría una victoria sobre las fuerzas del golpe. De acuerdo con el posicionamiento público de la Senadora Gleisi Hoffmann, si “el presidente Lula está fuera del escenario, nosotros, mientras campo democrático, progresista y popular, vamos a perder condiciones de hacer una disputa para valer en 2018. La disputa quedará entre los partidos de la derecha, del centro derecha, no cambiará el proyecto”.

 

La defensa de Lula para participar de las elecciones como candidato es una causa fundamental de la democracia política en el Brasil en este momento. Defender esa causa y participar de los movimientos en defensa de ella forma parte del compromiso con la democratización de la sociedad brasileña. Esa defensa no se confunde en adherir o no a la candidatura de Lula. Se trata primero de defender un derecho de ciudadanía y de fortalecer el proceso de resistencia contra el golpe y el autoritarismo. Se trata de una etapa estratégica en ese proceso difícil y doloroso que enfrentamos para cambiar de rumbo y recuperar las condiciones políticas democráticas que permitan seguir en el camino de la transformación social.

 

En este momento en que se encuentra condenado sin pruebas, amenazado de prisión y de perder su derecho político de candidatearse, Lula se mantiene sereno e irreductible. Afirma perentoriamente su compromiso con el pueblo brasileño, con la democracia y con la justicia social. En entrevista a la agencia France Presse, según publicado en el periódico 247, Lula una vez más defendió el derecho a ser candidato a la Presidencia y también dijo no tener miedo a lo que pueda ocurrir y afirmó que: “si ellos resuelven condenarme y detenerme, ellos estarán condenando a un inocente, deteniendo a un inocente. Ello tiene un precio histórico. Si quieren tomar esa decisión, van a cargar con la responsabilidad de lo que va a ocurrir en el país”.

 

La violencia política contra Lula, intensa, permanente y con requintes de crueldad convierte la lucha en defensa de sus derechos políticos y de su derecho a una vida libre de persecución, en una causa central de la democracia en nuestro país.

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