El caso Marta Álvarez

Marta Tamayo

Los vericuetos, los alcances y un pedido de perdón estatal reparatorio son algunos de los resultados de un largo litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un antecedente del feliz encuentro entre el activismo feminista y la lucha de una mujer lesbiana en prisión.

 

Marta Álvarez es oriunda del municipio de Santuario, Departamento de Risaralda, ubicado en el centro de Colombia. Tiene 58 años. Vive actualmente en Boston, Massachusetts con su esposa Martha S. Fue condenada por la justicia colombiana por un homicidio. Por ello estuvo en prisión entre el 14 de marzo de 1994 y el 18 de diciembre de 2003.

Entiendo por caso Marta Álvarez, además del litigio adelantado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como el desarrollo de una serie de acciones estratégicas, jurídicas y políticas, que se llevaron a cabo más allá de los hechos y del período de tiempo abarcados por ese organismo internacional. Como ejemplos se mencionan: el activismo de Álvarez al interior de las cárceles luchando por mejorar, en general, las condiciones de las reclusas; la estrategia de litigio doméstico con dos tutelas presentadas a favor de la visita íntima lésbica, como recurso ante el estancamiento del caso ante la CIDH; las acciones nacionales y la campaña internacional para frenar varios de los 17 traslados carcelarios que padeció Marta por causa de su lucha por la visita íntima; y las alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales expertas en los temas de derechos LGBTI, entre otros.

Marta Álvarez en la actualidad.

El caso Marta Álvarez vs. Colombia* fue admitido por el organismo internacional en mayo de 1999. La demanda contra Colombia, elaborada por la Red Nacional de Mujeres, la presentó directamente Álvarez tres años antes, el 18 de mayo de 1996. Transcurrieron 18 años para que la CIDH emitiera Informe de Fondo y concluyera que en hechos sucedidos entre 1994 y 2002, relacionados con la negativa de las autoridades penitenciarias y judiciales a permitir la visita íntima de Álvarez con su compañera sentimental, el Estado colombiano le violó sus derechos a la igualdad y no discriminación, a no sufrir injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, a las garantías judiciales y protección judicial, y a la integridad personal.

Tanto nacional como internacionalmente el caso Marta Álvarez es un hito en la historia de los derechos de las mujeres lesbianas y de las personas en prisión. No hay antecedentes, en ninguno de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que trate del derecho a la visita íntima entre mujeres. Es también el primer caso en el sistema interamericano relacionado con derechos de la población LGBT privada de libertad. En el ámbito doméstico es reconocido por activistas de derechos humanos que Marta Álvarez es pionera en la lucha por el reconocimiento judicial de los derechos de las personas LGBTI en Colombia.

 

El pedido de perdón del Ministro de Justicia

El 6 de diciembre de 2017, en un conmovedor acto realizado en la Reclusión de Mujeres de Bogotá, el Ministro de Justicia colombiano, Enrique Gil Botero, pidió perdón tres veces a Marta durante su intervención. Expresó “el rechazo total frente a interpretaciones abusivas y discriminatorias basadas en la orientación sexual de las personas. Estos hechos son inadmisibles y no pueden volver a ocurrir”.

Participaron en el acto alrededor de 250 personas. La mayoría eran mujeres LBT privadas de la libertad. Estaban también familiares de Marta, activistas feministas y por la diversidad sexual, funcionarios de los ministerios de Justicia y del Interior, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de la Imprenta Nacional, del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) y de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, el ex Defensor del Pueblo y ex presidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño, el Consejero de Estado William Hernández, el Comité de Derechos Humanos de la penitenciaria de varones “La Picota” y un gran número de medios de comunicación.

Marta Álvarez se siente reparada con el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado y con las palabras del ministro: Que todas las lesbianas que fueron discriminadas se sientan hoy reivindicadas. Hace un cuarto de siglo, a una lesbiana le estaba prohibido amar. Teníamos que reprimir el deseo de dar un beso a nuestras novias cuando nos visitaban, porque el reglamento nos prohibía mostrar afecto en público, y un beso daba hasta tres meses de calabozo… pero en privado tampoco podíamos. La privacidad era sólo para las internas heterosexuales. (…) Fue muy difícil y doloroso estar privada de la libertad. Esto es algo que los hombres y las mujeres heterosexuales no tienen que afrontar. Somos nosotras, las lesbianas, quienes hemos sido obligadas a pagar dos condenas en una, tan solo por el hecho de sentir ‘diferente’”.

La intervención de Marcela Sánchez, feminista, y directora de Colombia Diversa, encantó y conmovió al público: “No solo le violaron los derechos a Marta. El Estado debe ofrecernos excusas a todas las mujeres: a las pirobas, los chachitos, las lésbicas, los machorros, las bimbas, las cacorras, las areperas, las masculinas y las femeninas, a las que se nos nota, y a las que no se les nota. Porque cuando se violan los derechos de las personas privadas de la libertad por el simple hecho de ser lo que son, o por tener una sexualidad diferente a la mayoría, también violan los derechos de todas aquellas que no estamos privadas de la libertad. (…) Aún hoy nos siguen diciendo: no se peine así, no se vista así, no se cambie de nombre, no le digan así, por qué se da besos con esa, por qué tiene novia, suéltale la mano… En otras palabras, nos controlan y castigan por el delito de enamorarnos de otra mujer. ¿Conocían ustedes el delito de enamorarse? ¡Alguna gente parece que sí!, porque el amor entre mujeres les parece cuestionable. Las lesbianas exigimos igualdad porque nuestro amor es igualmente digno”.

 

En la cárcel Pereira, 1994.

 

En el acto se hizo el lanzamiento del libro “Mi historia la cuento yo”, que contiene el diario que Marta llevó en reclusión, publicado por el Ministerio del Interior con un tiraje de 8 mil ejemplares, de los cuales 6 mil fueron enviados a las bibliotecas y comités de derechos humanos de todas las cárceles del país.

Con el acto de perdón se busca reparar el daño causado a Marta Álvarez, pero también prevenir ese tipo de hechos discriminatorios contra la población LGBT privada de la libertad en los establecimientos carcelarios colombianos.

 

El acuerdo entre el Estado y las representantes de Álvarez

El reconocimiento de la responsabilidad internacional de Colombia, la solicitud de perdón y la publicación y divulgación del diario de Marta, son parte del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las organizaciones representantes de Marta Álvarez en el caso internacional. Después de tres años de conversaciones entre las partes, el Acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano se firmó el 14 de julio de 2017[1].

Además del acto de perdón y de la publicación del diario de Álvarez, el Acuerdo incluye otras medidas de reparación a la víctima y de no repetición. Un ejemplo es la modificación del reglamento general penitenciario de diciembre de 2016 del INPEC, y, en consecuencia, la modificación del reglamento interno de todos y cada uno de los 132 centros de reclusión del país a cargo del INPEC, con el fin de garantizar el derecho a la diversidad sexual de las personas en prisión. Adicionalmente, para garantizar estas modificaciones se conformó una Mesa de Seguimiento (conformada por el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el INPEC, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y Colombia Diversa). Ese ámbito verificará también “la accesibilidad, disponibilidad y condiciones de la visita íntima, respeto a las relaciones de pareja y manifestaciones de afecto de la población LGBTI de las cárceles”, creará un mecanismo para identificar y estudiar los centros carcelarios que tienen a la población LGBTI en pasillos o patios, y definirá variables de derechos humanos LGBTI para el seguimiento a las quejas o denuncias en las cárceles.

Se acordó también el diseño y desarrollo de un programa de formación continua en derechos de personas LGBTI en prisión, dirigido al personal directivo, administrativo y de guardia en las cárceles y al personal de internos, hombres y mujeres. Con el fin de retroalimentar su diseño, Marta Álvarez y sus representantes visitaron cinco de las cárceles de mujeres en la que ella estuvo recluida: Bucaramanga, Pereira, Armenia, Cali y Medellín, y acompañaron las jornadas de sensibilización y capacitación. El contenido del programa y la metodología deberá concertarse entre el Estado y las representantes de Álvarez.

Otras medidas acordadas fueron la creación, por parte del Ministerio de Justicia, de un micro sitio u observatorio virtual de jurisprudencia a favor de las personas LGBTI privadas de libertad; el compromiso del Estado de reparar materialmente a Marta por los perjuicios morales que le ocasionó, acción que se encuentra en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y la publicación y divulgación del informe final de la CIDH.

 

CIDH: el informe de fondo

A continuación las conclusiones, las principales consideraciones y estándares de derechos humanos que se tuvieron como fundamento, y las recomendaciones de la CIDH.

 

Las principales conclusiones fueron:

 

  • El Estado de Colombia violó, en perjuicio de Marta Álvarez, los derechos consagrados en varios artículos[2] la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

  • Entre 1994 y 2002 el Estado colombiano interfirió de forma arbitraria, abusiva, desproporcionada e injustificada en la vida privada de Marta Álvarez al impedirle acceder a un derecho contemplado en la legislación interna, con base en prejuicios discriminatorios sobre su orientación sexual. La negativa a Marta Álvarez para acceder a la visita íntima con su compañera constituyó una restricción contraria a la Convención Americana. El INPEC realizó una interpretación restrictiva del derecho a la visita íntima. No hizo una valoración objetiva sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, sino que analizó la vida sexual de Marta, incluyendo su orientación sexual y la expresión de ésta, como un criterio relevante y decisivo para restringir en forma absoluta el ejercicio de ese derecho. Esta valoración interfirió arbitrariamente en la autonomía de Marta para tomar decisiones sobre su vida personal  

 

  • Los prejuicios y las visiones estereotipadas contra las personas homosexuales no solo legitimaron la actuación prejuiciosa y particularmente discriminatoria de las autoridades penitenciarias, sino que fueron subsiguientemente corroboradas por el Poder Judicial, lo cual contribuyó a promover y perpetuar dichos prejuicios. Este Poder no adoptó decisiones basadas exclusivamente en el ordenamiento jurídico vigente en ese momento, sino que realizó bajo una ponderación ilegítima sobre la trascendencia de los prejuicios discriminatorios y los supuestos niveles de tolerancia en la sociedad sobre cierto tipo de conductas.

 

  • La restricción de la visita íntima en forma absoluta y prolongada y con base en estereotipos y prejuicios discriminatorios, resultó incompatible con el deber del Estado de asegurar que la privación de libertad no cause angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención y que la salud y bienestar estén adecuadamente asegurados.

 

  • El lenguaje utilizado por las autoridades para justificar asuntos relacionados con la situación de Marta Álvarez denotan claramente que existía una fuerte aversión estigmatizante y discriminatoria en su perjuicio, lo que hizo que se ubicara en una situación de particular indefensión ante la conducta desplegada por las funcionarias y los funcionarios cuya responsabilidad era garantizar y proteger sus derechos. El conjunto de estas circunstancias, analizadas de manera transversal en la situación de Marta Álvarez, permiten determinar la existencia de un ambiente hostil contra su identidad, su orientación sexual y la expresión de la misma, contra las actividades de defensa y promoción de derechos de gays y lesbianas que llevó a cabo y contra los reclamos que formulaba, tanto ante las autoridades administrativas como judiciales. Este ambiente hostil fue el marco y la base del trato discriminatorio que recibió durante la privación de libertad.

 

Cali, 2008.

 

Algunas consideraciones y estándares de derechos humanos, reiterados, fueron:

 

  • El derecho a la igualdad y no discriminación es eje central y fundamental del sistema interamericano de derechos humanos y genera obligaciones de protección que vinculan a todos los Estados. Cualquier tratamiento discriminatorio genera responsabilidad internacional del Estado.

 

  • La expresión “cualquier otra condición social” del artículo 1.1. de la Convención Americana debe ser interpretada en la perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo, como lo ha indicado en su fallo la Corte Interamericana.

 

  • La orientación sexual y el sexo son categorías sospechosas de discriminación y por lo tanto toda distinción basada en las mismas deben examinarse bajo un estándar de escrutinio estricto de proporcionalidad.

 

  • Por tratarse de un caso en el que la víctima es mujer, lesbiana y privada de libertad, la CIDH reitera el principio de protección reforzada consagrado en la Convención de Belén o Pará y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  “Cuando ciertos grupos de mujeres son discriminadas con base en ‘más de un factor’, pueden verse expuestas a un mayor riesgo de violación de sus derechos humanos, lo que exige de parte del Estado medidas especiales que ofrezcan una protección reforzada”. Esta protección especial exige de los estados obligaciones positivas para asegurar la eliminación de cualquier práctica o disposición discriminatoria contra las mujeres. Se trata de un deber que busca “condenar las prácticas que tienen el efecto de crear o perpetuar en nuestra sociedad una posición subordinada para ciertos grupos”.

 

  • Los derechos humanos de la mujer incluyen el tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. “El derecho a la visita íntima no puede tener a la reproducción humana como único objetivo, dejando de lado el ejercicio de la sexualidad en sí misma, independiente de fines reproductivos. Ello tiene una particular relevancia en relación a los estereotipos negativos sociales asociados al ejercicio de la sexualidad por parte de las mujeres, de un lado, y de las mujeres lesbianas por el otro.”

 

  • La orientación sexual de una persona constituye un componente fundamental de la vida privada de una persona, y debe estar libre de injerencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público. Para la Corte Europea la justificación de un tipo tal de injerencia debe ofrecer razones convincentes y de mucho peso.

 

  • “El concepto de vida privada debe entenderse como de amplio alcance, pues abarca todas las esferas de la intimidad y autonomía de un individuo, y el desarrollo de su identidad. Las decisiones de una persona sobre su vida sexual, se entienden como un componente fundamental de su vida privada, pues la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano y su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad emocional, placer, ternura y amor.

 

  • Para una persona privada de la libertad puede afectarse el disfrute de algunos de sus derechos, pero ello no significa que se extingan en forma absoluta. La actividad de las autoridades penitenciarias está limitada por los fines que persigue la privación de la libertad. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir con condiciones de detención compatibles con la dignidad inherente del ser humano.

 

  • Uno de los derechos básicos de las personas privadas de libertad es que se les permita el contacto con el mundo exterior. Una de las formas en las cuales se materializa el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar es a través del régimen de visitas periódicas. Dentro de este concepto del derecho a recibir visitas, y bajo una acepción más amplia del derecho a la vida privada, en algunos ordenamientos internos, –como el del Estado colombiano– se ha reconocido específicamente el derecho a la visita íntima, siendo esta la forma de garantizar el ejercicio de la sexualidad, como el ámbito más íntimo de la persona que no puede ser suprimido en forma absoluta.

 

Marta durante el acto de pedido de perdón del Estado.

El encuentro entre el activismo feminista y las mujeres en prisión

“Hace un cuarto de siglo la Dra. Marta Tamayo y yo nos andábamos buscando, y a ella se le apareció la ‘virgen’ y a mí se me apareció un ‘Ángel’… Nos encontramos para empezar a darle forma a algo inconcebible, a algo que solo existía en nuestra imaginación, algo que a través de años de trabajo, de desvelos, de sustos, de sacrificios, por fin ha dado sus frutos hoy”. Esas fueron las palabras de Marta Álvarez en el acto de perdón del Estado colombiano.

Corrían los últimos años de la década de los ochenta y los primeros de los noventa, y yo participaba activamente en reuniones y debates de grupos feministas en Bogotá, primero alrededor de la necesidad de una reforma constitucional en el país, y posteriormente, en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio como resultado la Constitución Política de 1991, vigente actualmente. Paralelamente era servidora pública vinculada a la Procuraduría General de la Nación, como abogada asesora.

En esta entidad, en la recién creada Delegada de Derechos Humanos, a cargo de Jaime Córdoba Triviño, tuve la responsabilidad de desarrollar un proyecto de seguimiento de derechos humanos en las cárceles del país. Las visitas practicadas a la mayoría de los establecimientos de reclusión del país mostraron la existencia de grandes diferencias en el tratamiento que se daba a hombres y a mujeres. Particularmente fue una gran sorpresa lo hallado en los sitios de aislamiento o calabozos de castigo. Mientras los hombres eran aislados o castigados por hechos muy graves cometidos al interior de la cárcel o porque voluntariamente pedían aislarse por seguridad por problemas en el patio o pabellón; en las cárceles de mujeres, ellas eran sancionadas con medida de aislamiento porque habían sido encontradas besándose con otra mujer.

Si bien la administración de la mayoría de las cárceles de mujeres del país ya no estaba a cargo de la comunidad religiosa del Buen Pastor, era evidente que se mantenía en el régimen disciplinario muchas de su prácticas de control, del cuerpo, de la sexualidad, del vestido, sobre la manera de hablar, las sanciones que se imponían, la separación de los dormitorios de los espacios de visita, entre otros.

El reconocimiento de una amplia carta de Derechos Humanos incluida en la nueva Constitución Política era una oportunidad para impulsar acciones judiciales para la protección de los derechos de las mujeres lesbianas o con prácticas lésbicas en las cárceles, pero necesitaba mujeres en prisión dispuestas a dar esa lucha. Le propuse a varias que usáramos la acción de tutela, pero tenían miedo.

A principios del año 1993 fui nombrada Defensora del Pueblo de la Regional Risaralda y me trasladé a vivir a la ciudad de Pereira. Una de mis primeras acciones fue presentar una tutela a favor de una mujer sancionada con aislamiento por darse un beso con otra reclusa. La sentencia de tutela protegió el derecho a la dignidad humana. Al año siguiente recibimos en la Defensoría la solicitud de una mujer en prisión que pedía se le protegiera su derecho a la visita íntima con su pareja del mismo sexo, en las mismas condiciones que la disfrutaban las mujeres heterosexuales. En este momento dije: “¡se me apareció la virgen…! ¡Milagro!”. Se trataba de Marta Álvarez.

Con la convicción ética, política y jurídica de que las mujeres éramos autónomas para decidir sobre nuestra sexualidad; con el conocimiento de la ley penitenciaria respecto a los alcances de igualdad de la visita íntima en las cárceles; con los poquísimos avances doctrinarios y jurisprudenciales, nacionales e internacionales, existentes en ese entonces sobre los derechos de las personas hoy nombradas como LGB; con las luces de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing; y con la inspiración que daba el coraje, la disciplina y la inteligencia de Marta Álvarez y su sentido inquebrantable de luchar por el derecho a amar a otras mujeres, repito, con todo esto, emprendí hace 23 años su defensa, combinando mis deberes de servidora pública y mi activismo feminista, como integrante de la Red Nacional de Mujeres, la que apenas nacía por aquella época.

Como lo he dicho en otros escenarios: el caso Marta Álvarez es parte de las luchas de las mujeres, y en particular de las feministas, por la conquista de nuestros derechos. Ninguno de los derechos que hoy tenemos formalmente las mujeres nos ha sido dados gratis. Todos los derechos que hoy se nos reconocen, nacional o internacionalmente, son fruto de muchos años de luchas pacíficas de las mujeres en contra de las discriminaciones de género, y Marta Álvarez es una de las protagonistas de esta larga historia, que aún no termina.

Lo alcanzado en la CIDH y con el Acuerdo firmado con el Estado Colombiano, es un punto de partida. Como Marta lo expresó en la Reclusión de Bogotá: “Mujeres. Aquí lo tienen. Cuídenlo, aprécienlo, respétenlo y sobre todo, háganlo valer. Que el calabozo por un beso y los traslados por solicitar la visita íntima o por tener una novia en el patio, sean cosa del pasado y que ese pasado no vuelva a repetirse nunca”.

 

* Los documentos mencionados anteriormente pueden consultarse en:

http://casomartaalvarez.rednacionaldemujeres.org/

http://colombiadiversa.org/caso-marta-alvarez/index.html#secci%C3%B3n2

 

 

[1] Por el Estado, los participantes en las conversaciones fueron: la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, como entidad líder; el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio del Interior, y el INPEC. Por la parte peticionaria, las organizaciones no gubernamentales Red Nacional de Mujeres, Colombia Diversa y CEJIL.

[2] Los artículos violados son 5.1, 11.2, 8.1, 24 y 25.1.

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AGENDA FEMINISTA
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