Por un laicismo operativo

María del Carmen Feijoó

La Suprema Corte de Justicia argentina entendió que el fallo de la justicia salteña que habilitaba la enseñanza religiosa en el sistema educativo era inconstitucional. Este fallo judicial se convirtió en una de las grandes noticias para quienes sostenemos el laicismo como uno de los componentes fundamentales de una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos.

 

Uno de los anclajes del imaginario argentino –y de la realidad– se refiere, como sabemos, al papel que jugó en la formación del Estado y la configuración de la sociedad una ley de 1884[1]. Muy tempranamente estableció la educación común, gratuita, obligatoria y laica, pero la centralidad de este aspecto es discutida por algunos autores dado que habilitó la enseñanza religiosa fuera del horario escolar. Ese formato permitió un temprano proceso de escolarización y la nacionalización de una sociedad que ya, desde fines del siglo XIX, estaba marcada por la presencia masiva de inmigrantes de países europeos y del cercano oriente cuyo proceso de secularización requería de esos insumos educativos. Esa propuesta fue hija del pensamiento de una elite racionalista, positivista, y en algunas de sus zonas de pensamiento, anticlerical. Su consecuencia fue un rápido proceso de extensión de la educación que le produjo al país una de sus marcas diferenciales en el contexto de la región que está aún presente.

Foto: laicismo.org

 

Sin embargo, esta característica de la educación registró, a lo largo del siglo XX, diversos avatares. El golpe de Estado de 1943 y posteriormente el primer peronismo restauraron la educación religiosa en las escuelas públicas hasta 1954, año en que el conflicto del General Perón con la iglesia elimina la enseñanza religiosa y produce la promulgación de la primera ley de divorcio. A fines de los cincuenta, ya con el gobierno del Presidente Arturo Frondizi, una gran confrontación atraviesa a la sociedad argentina: la que se resistió sin éxito a la habilitación de universidades privadas que, aunque promovida por la Iglesia, terminó favoreciendo la creación de un complejo sistema que incorporó también universidades no confesionales. La pugna alrededor de “la laica y la libre” del año 1958 puede verse también como parte del ciclo de radicalización política que habría de profundizarse en las décadas siguientes.

En los ochenta, un Congreso Pedagógico cuyo objetivo era reformular las bases de la educación argentina en conmemoración del Congreso Pedagógico del siglo XIX, fue esquivo respecto de la cuestión de la laicidad. En la década siguiente, la promulgación de la Ley Federal de Educación consagra la idea hasta entonces ausente en la legislación de que el sistema educativo nacional está compuesto por un sector público y un sector privado, generalmente confesional, poniendo a ambos en el mismo nivel de paridad. Dicen los críticos que este fue el principal triunfo del ala antilaicista.

Durante el proceso de reforma de la Constitución Nacional en 1994, se establece la responsabilidad indelegable del Estado en la educación, su responsabilidad de sancionar leyes de organización y de base que consoliden la unidad nacional, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, entre otras previsiones. La Reforma establece también la jerarquía constitucional de los pactos y tratados internacionales suscriptos por la Argentina ratificando así la más moderna normativa internacional de salvaguarda de los derechos humanos.

 

Aprendizajes

Por ser un país federal, la oferta educativa se rige por previsiones constitucionales provinciales en las que, algunas, como en el caso de Salta, establecen la educación religiosa en las escuelas públicas bajo el argumento de que se trata de poblaciones mayoritariamente católicas. Es decir, la situación de esta provincia no fue una novedad. La novedad fue que un sector de la sociedad decidiera accionar contra ese principio. Y lo más impactante es que haya sido un grupo de padres y madres salteños, una provincia en la cual el culto al tradicionalismo se emparenta estrechamente con la defensa de un catolicismo con más arraigo en sus sectores populares rurales que en los sectores urbanos de las ciudades. Pero que sea cual sea su peso relativo no puede, en ningún caso, pretender expandirse al conjunto.

Por lo tanto, la primera lección aprendida del episodio reitera lo que ya sabemos: la relevancia de la acción de la sociedad civil en defensa de sus derechos aún en contextos francamente desfavorables. La segunda, en la misma dirección, se refiere a la capacidad de articular con otros actores, en este caso, un grupo de organizaciones de derechos y prestigiosos abogados constitucionalistas que apoyaron la demanda de los padres presentándose como amicus curiae del grupo de demandantes. Esto, contra el escepticismo del “no se puede hacer nada” en un momento en el que existe un prolífico marco normativo nacional e internacional que garantiza y hace reclamables los derechos.

Foto: laicismo.org

 

Pero, frente a este incuestionable triunfo, caben algunas observaciones. En primer lugar, el hecho de que la defensa sin cortapisas del laicismo como principio rector de la educación y de peso fundacional en el imaginario nacional no puede hacernos olvidar que no es una bala de plata para eliminar los déficits de nuestros sistemas educativos. Y que, si bien como sugiere Carmen Tornaría en el número anterior de Bravas, la educación laica es una filosofía, una pedagogía, una didáctica y un sistema de organización escolar, la aplicación de ese programa en la práctica suele apartarse del modelo. O sea, el laicismo no siempre acoge prácticas laicas, democráticas, antiautoritarias y racionalistas y por lo tanto, no debería defenderse vía la valoración de los resultados que produce en el proceso educativo. Es un derecho de otra índole, no un insumo para mejorar la educación.

Quienes defendemos el laicismo no tenemos duda de que una educación no confesional, no dogmática, racionalista, al estilo de la  que vimos en “La lengua de las mariposas”, de la II República Española, es mejor para el conjunto de la ciudadanía, sobre todo en la edad de la escolaridad obligatoria. Pero no centrándonos en los resultados. De hecho, todavía hoy en Argentina, casi 140 años después de la ley del siglo XIX, prácticamente la mitad de los niños, niñas y adolescentes no logran terminar su nivel secundario, y algo parecido sucede en un país todavía más laico que el nuestro, como es el caso de Uruguay, con similares niveles de fracaso en la finalización del nivel medio. Por lo tanto, además de celebrar el fallo debemos pensar cómo convertir la laicidad en un proceso regulativo que modele intervenciones consistentes con sus principios, prácticas educativas mejores en términos de racionalidad, igualdad y dignidad en la vida de las escuelas.

Por otro lado, hay otra defensa y es la que viene de los argumentos que los reconocidos firmantes del amicus curiae, Roberto Gargarella y Marcelo Alegre, plantean en su escrito sobre el caso: el hecho de que nadie puede ser obligado a hacer públicas sus creencias personales. Esto constituye una violación de la privacidad, preservada en nuestra Constitución nacional formulando una clasificación sospechosa de quién es quién, porque afecta negativamente el derecho de niños y niñas a aprender, porque vulnera el principio de igualdad y no discriminación, porque es contraria al principio de autonomía progresiva de niñas y niños, porque vulnera la separación entre iglesia y Estado, contraría el principio republicano de gobierno y viola el artículo ocho de la vieja ley de 1884.

 

El laicismo en la práctica

Tal como se señaló anteriormente, el laicismo entendido solo como ausencia de religión en las aulas de la escuela pública no garantiza el laicismo total de la educación ni la aplicación de sus virtuosos principios. Desde lo más obvio, aún en el marco de laicismo, la religión se filtra en los espacios escolares con crucifijos que desde tiempo inmemorial presiden algunas salas de clase o altarcitos en los patios de ingreso a las instituciones, o en las bendiciones a cargo de los curas locales que siempre aparecen cada vez que el Estado inaugura algún servicio público.

Menos obvio, también se cuela en el sistema de financiamiento educativo. En Argentina, los estados provinciales subsidian a la educación privada –en su mayoría, religiosa de distintas denominaciones– en escalas que alcanzan hasta el 100% de los costos operativos de los establecimientos, ofreciendo así un sistema de aranceles muy accesible que concentra en ellos matrícula de los niveles más desfavorecidos de la sociedad, mientras que los que no tienen ningún tipo de subsidio y, por lo tanto, aranceles mucho más altos, se especializan en colegios de elite dedicados a la formación de las clases dirigentes.

En fin, sentando las bases de modelos de segregación escolar que se constituyen en gérmenes de segregación social. Y lo que pasa en el interior de esas escuelas es muy diverso. Hay escuelas públicas laicas en las que imperan estrategias cotidianas autoritarias y represivas, y escuelas confesionales en las que, según la orientación de quienes están a su cargo, impera el pensamiento paulofreiriano que repudia la concepción bancaria de la educación o se encuadran en prácticas cercanas a teologías como las de las comunidades eclesiales de base que, en el marco de la enseñanza religiosa, promueven visiones democratizadoras y de justicia social.

En tercer lugar, además de los contenidos escolares, hay otros temas que hay que tener en cuenta referidos al surgimiento de un conjunto de nuevas identidades y prácticas sociales que –pública laica o privada confesional– tienen lugar en el complejo mundo de la escuela extendidas mucho más allá de los aspectos curriculares. Estas cuestiones son importantes hoy, momento en el que el reconocimiento y aceptación de las diferencias ocupa un lugar importante en el escenario público. Un tema de tensión entre el universalismo y el relativismo cultural que estalla en muchos lugares y tiene dificultades para su resolución justa y equitativa. Para ejemplificar, valga recordar una situación que tuvo estado público unos 20 años atrás referida a la negativa de los colonos menonitas de la provincia de La Pampa de garantizar la concurrencia de sus hijos a las escuelas públicas y el aprendizaje del español, ya que ellos hablan una variedad arcaica del alemán, idioma en el que desenvuelven todas sus actividades. Recuerdo mi estupor e indignación frente a un estado provincial que no los obligaba a cumplir con esa obligatoriedad escolar y el aprendizaje de nuestro idioma. Y mi mayor estupor aún, cuando, después de haber comentado esta situación con un destacadísimo investigador progre de la educación argentina la respuesta fue que mi postura era anacrónica dado que lo que era necesario era garantizar el derecho a la diferencia. El uso del chador, en las escuelas francesas, suscita debates similares.

En fin, como feministas, tenemos que hacer una pausa para celebrar ese paso y continuar tomando los desafíos necesarios para avanzar hacia sociedades laicas. No hay duda de que el fallo que comentamos constituye un importante logro para el conjunto de la sociedad civil pero su vigencia es condición necesaria y no suficiente para consolidar caminos de democratización social. La tentación de pensar que es un punto de llegada en lugar de un punto de partida no debe implicar el hecho de abandonar el permanente escrutinio que debemos realizar sobre todos los aspectos que rodean el desarrollo de las prácticas educativas y la consolidación de dichos sistemas institucionales.

La revisión incompleta e insuficiente a vuelo de pájaro de 140 años de políticas de la educación, con sus avances y retrocesos, muestra que aunque fortalecida por el fallo es todavía una cuestión no saldada al interior de la sociedad. Una sociedad que, como tratamos de señalar, agrega día a día nuevos problemas que también deben tenerse en cuenta. En fin, la resolución del problema central a nuestras prácticas: cómo conciliar la diversidad con la diferencia en el contexto del desarrollo de condiciones institucionales que garanticen una educación no sesgada por las creencias personales de las familias de los alumnos. En fin, un universalismo progresista en el mejor de los sentidos.

 

* Agradezco la generosidad de Paola Bergallo para ayudarme a definir estas ideas.

 

 

[1] La ley Nº 1.420.

COMIC
AGENDA FEMINISTA
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Medea, por Ximena Aragone
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