Las razones del NO a la práctica de alquiler de vientres

Una de las innovaciones políticas que más cambios ha provocado tanto en valores, como en el modo de relacionarnos socialmente, como en la articulación política, ha sido la apuesta por la efectiva igualdad de mujeres y varones. Las armas de la reacción neoliberal, por el contrario, han sido y son el «principio de mérito» y el «principio de elección». El «principio de mérito» sirve de coartada para eludir medidas de acción positiva en la política, en la economía, en la cultura, en el saber, en las costumbres; gracias al «mérito» se producen sesgos favorables a la representatividad de los varones. A su vez, mediante «el principio de elección» se justifica la desigualdad ya que todo queda librado al estricto ámbito de la libertad individual o decisión personal. Cotidianamente, el «merito» y la «elección» se conjugan para justificar la infrarrepresentación de las mujeres tanto en la política como en la economía, para sostener estereotipos, para intensificar la imagen degradante de las mujeres en el ámbito de la creatividad, para invisibilizar el acceso de éstas a los espacios de opinión o el saber o para afirmar la explotación del cuerpo de las mujeres, entre muchas otras cosas. El «mérito» y la «elección» se manipulan hasta la náusea y sirven tanto a posiciones «retrógradas» como a planteamientos «engañosamente progresistas». El «principio de mérito» se ha constituido en la excusa perfecta del conservadurismo político para desechar las políticas de igualdad; por el contrario, y más lamentable si cabe, el manido recurso a la capacidad de «elección personal» hace furor en los planteamientos de la izquierda política, causando verdaderos estragos, por ejemplo, en el seno del feminismo, para consensuar una agenda de mínimos. El «merito» y la «elección» son conceptos trampa alentados desde el neoliberalismo, con el objetivo de fragmentar la emergencia de un sujeto político reivindicativo, pero a ellos hemos de sumar también conceptos políticos afines como «el relativismo», «la diversidad» y «la identidad».

La teoría feminista pone en cuestión los planteamientos neoliberales y se declara en contra del relativismo, sea político o cultural, porque alienta la asimetría en el acceso a los recursos y promueve una concepción negativa de la libertad, o el deseo declarado de vivir experiencias personales más que de participar en tareas colectivas. En el contexto neoliberal asimétrico y de defensa de la libertad negativa las mujeres pierden. Sin embargo, en el seno del feminismo nos encontramos con voces dispuestas a hacer valer la conciencia interiorizada de la libertad, como deseo vital, más que a defender la conciencia cultural y política de la libertad para todas las mujeres. El género declarativo de la libertad negativa admite muchas modulaciones: desde las mujeres que afirman no haberse sentido nunca discriminadas, pasando por las que no aceptan restricción al cumplimiento de cualquier deseo para acabar en las que observan que no se puede establecer límite alguno a la búsqueda de sí mismas por muy marginal, excéntrico o desigual que sea el objeto de sus preferencias circunstanciales. La conciencia interiorizada de la libertad o libertad negativa no deja de ser una libertad precaria que además promueve la desaparición de cualquier obligación mutua: la libertad precaria es deficiente porque «se detiene en el umbral mismo de la autodeterminación individual»[1] y además participa de una concepción negativa de la justicia en la que toda pretensión legal en términos de justicia social es percibida como un ataque o bloqueo a la propia subjetividad.


Los y las defensoras de la «libre elección» conciben la igualdad como mero juego de intercambios entre personas, bien sean debidos a una decisión individual o sean debidos a una relación contractual. Al concebir la igualdad como sinónimo de intercambio será el mero intercambio el que legitime una práctica. La fascinación por la «libre elección» evita así el análisis de las causas y consecuencias posibles que se derivan de aceptar una práctica social si esta es fruto del «intercambio libre» entre personas. El «intercambio libre» se ha convertido, por ejemplo, en el recurso argumentativo para validar el «negocio sexual» que supone la prostitución o la práctica de «vientres de alquiler». Por el contrario, un enfoque crítico y feminista de la realidad nos desvela que los valores de la libertad individual, asociada a mejoras económicas o materiales y satisfacción de deseos individuales, pueden no ser compatible con los valores de la justicia sexual. Por ello, si es absurdo y corrosivo presentar cualquier elección o decisión que tome una mujer como acto feminista es igualmente absurdo y corrosivo suponer que el consentimiento u obligaciones contractuales legitiman cualquier práctica. Son las consecuencias de un acto voluntario, consentido y contractual lo que ha de ser objeto de análisis feminista y, por lo tanto, hemos de analizar en qué medida la libre elección contribuye a afianzar una sociedad más igualitaria y justa o, por el contrario, nos aboca al egoísmo individualista.

De acuerdo a esta perspectiva abordaré la cuestión de la práctica del alquiler de vientres o la mal llamada maternidad subrogada: esta práctica se resume en un «contrato de subrogación» por el cual una mujer se compromete a gestar un embrión para luego entregar la criatura a terceras personas, renunciado así a la filiación y custodia, en definitiva, a la patria potestad. Parece, pues, evidente que este «contrato de subrogación» convierte a la criatura recién nacida en objeto de una transacción contractual, vulnera el derecho a la integridad física y moral de las mujeres y anula derechos de las mujeres ya consolidados. Estos son nuestros argumentos en contra de regular favorablemente la práctica del alquiler de vientres.

La «llave de la felicidad» es un contrato abusivo

Considerar que el embrión es independiente de la mujer es un rasgo por el cual se identifica a los grupos ultra católicos en cualquiera de nuestros países. Al afirmar, a su vez, que la vida comienza en el instante de la concepción, estos grupos de religiosidad extrema se han mostrado siempre contrarios a cualquier tipo de ley favorable a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, pese a la tremenda influencia de la jerarquía católica en distintos partidos políticos y en variados medios de comunicación, pese a la injerencia constante de la Iglesia en temas de salud, educativos y de jurisprudencia y pese al poder económico eclesiástico, sus ideas sobre las mujeres y el embarazo no han logrado imponerse socialmente.

Al menos eso creíamos hasta el momento actual porque las personas y colectivos favorables a regular el «contrato de gestación subrogada» o «contrato de alquiler de vientres», haciendo gala de una idea de paternidad/maternidad extrema, recuperan, con apariencia de innovación técnica, la misma idea que la de los grupos ultra católicos: el embrión es independiente de la mujer. El modo en el que fundamentan la independencia del embrión del cuerpo de la mujer en el que arraiga, va camino de convertirse en la nueva pesadilla para las mujeres del siglo XXI. Los defensores de la «gestación por sustitución» sostienen que la vida comienza en un contrato que se ha de rubricar entre las partes con meses de antelación a cualquier proceso de fecundación y de transferencia embrionaria. La única finalidad del «contrato de gestación subrogada» es asegurar la renuncia de la filiación que corresponde a la madre, garantizando así la patria potestad en exclusiva a los subrogantes o «padres intencionales». Descrito de otro modo, si la renuncia a la filiación por parte de la mujer embarazada no se hiciera explícita en el contrato, carecería de objeto la «práctica de la gestación subrogada». Es por ello un contrato abusivo que tiene por objeto sellar el destino de una madre y su hijo o hija, separándolos de modo irrevocable.

Los defensores de la paternidad/maternidad extrema y potenciales receptores del menor no ignoran, pese a que no posean la capacidad reproductiva, que el embarazo conlleva riesgos físicos y psíquicos para la mujer. Sin embargo, a la hora de poner en situación de riesgo a una mujer, no lo dudan, ya que parecen suscribir el antivalor moral del «fin justifica los medios». Su única fuente de temor, de ahí la necesidad de un contrato previo, es la que deriva del vínculo innegable que se establece entre la madre y el hijo, sobre todo en los últimos meses de embarazo. El embarazo, que dura en el tiempo nueve meses, es un proceso por el cual una mujer va transformando sus expectativas, va adaptándose a una nueva realidad hasta el punto que puede determinar que esa mujer que, en principio, aceptó gestar para terceros decida, por el contrario y posteriormente, hacer valer sus derechos de filiación. Como los tiempos de espera de un embarazo no se pueden acortar, como el ámbito de la libertad individual acepta la reversibilidad de nuestras elecciones, sino no sería libertad, es por lo que el contrato de alquiler de vientres sólo busca blindar a una de las partes, los «padres intencionales» y mantener a las mujeres, por el contrario, en una indefensión jurídica absoluta. A tal fin se construye la invención jurídica de «padres intencionales».

La teoría de la «filiación intencional», o declaración expresa por contrato de querer tener un hijo, fue utilizada por primera vez por el tribunal supremo de California ante las numerosas reclamaciones de mujeres que, aceptando en principio gestar un hijo para terceras personas, decidían, sin embargo, durante el embarazo o tras el parto, hacer valer sus derechos de filiación y custodia. Era pues, una eventualidad que sucedía demasiado a menudo y que ponía en riesgo el mercado reproductivo, por lo que el supremo californiano acuñó el concepto de «filiación intencional», expresado previamente en un contrato, para erradicar de raíz la decisión posterior de la madre de quedarse con su hijo. El virus jurídico de la «filiación intencional» ha traspasado las fronteras californianas y al día de hoy se encuentra presente en todo contrato de alquiler de vientres, sea en su modalidad altruista o comercial. Es la condición por la cual se transfiere un embrión al útero de una mujer y a cambio los potenciales padres receptan un menor. Por ello, regular favorablemente la práctica del alquiler de vientres implica la aceptación de la «filiación intencional» que colisiona frontalmente con la filiación determinada por el parto para las mujeres. Asumir la «filiación intencional» como nuevo paradigma de patria potestad, deja sin efecto y en absoluto limbo jurídico la «filiación por adopción»; da por bueno el tráfico de menores; pero sobre todo y a futuro, el reconocimiento civil y en derecho de familia de la «filiación intencional» contiene un riesgo evidente para todas las mujeres, alguien podría invocar esa supuesta «intencionalidad» o deseo de tener un hijo para obligar a una mujer a llevar un embarazo a término. Al menos deberíamos ser conscientes y saber que cuando un concepto jurídico se origina para dar salida a una situación concreta, nada ni nadie puede evitar su carácter expansivo.

La falsa analogía con la donación de órganos

Los defensores de la paternidad/maternidad extrema mediante «gestación subrogada» han ido cambiando sus planteamientos según se les iba desmontando argumentativamente su cuento de hadas. Su último intento de edulcorar lo que realmente significa la práctica y contrato de alquilar el útero de una mujer consiste en establecer una falsa comparación entre esa práctica y la donación de órganos. La primera evidencia que derruye esta analogía es de hecho: una donación consiste en hacer entrega de una parte separable de tu cuerpo que dependiendo del órgano afectado solo es aceptable en aquellos casos en los que esté comprometida la vida del receptor, donar un riñón o una porción del hígado, por ejemplo; es evidente que el deseo de tener un hijo y no poder no compromete la vida de una persona, si así lo fuera debería ser una cuestión más bien de salud mental para combatir la frustración (que no propiamente de clínica ginecológica o de fertilidad); es además innegable que la mujer que acepta la transferencia embrionaria no se desgaja de su útero, sino que el proceso de embarazo y parto ocurre en el seno de su cuerpo; de hecho lo único separable de su cuerpo es la criatura que nace, pero nadie con un mínimo de sentido ético o jurídico defendería que los seres humanos se pueden donar o ceder, a no ser que tuviera en alta consideración la esclavitud humana.

La segunda evidencia por la cual el maridaje entre gestación subrogada y donación de órganos es de todo punto artificial tiene que ver con los derechos fundamentales: cuando las personas donan una parte de sí, no se les exige además que renuncien a sus derechos. Semejante planteamiento excede el marco del «altruismo» para ser una cruda «apropiación». Los defensores de la gestación subrogada, arguyen, que la donación del útero sería equiparable a la donación de gametos, pero comparar la donación de semen con el útero es como comparar los fluidos corporales propios de un resfriado (los mocos, por si no se entiende el eufemismo) con los pulmones y afirmar que son lo mismo. De hecho, si en sus planteamientos hubiera algún principio de coherencia no acudirían a la fórmula de la donación, ya que de igual modo que la donación de gametos no determina la filiación, la aportación de los gametos en los casos de gestación subrogada no podría ser causa determinante para establecer la filiación.

La tercera evidencia que desmonta la ilusoria semejanza entre gestación subrogada y donación de órganos es de carácter conceptual: las capacidades humanas son, como muy bien fundamentó Martha Nussbaum, intransferibles. Así pues, la capacidad reproductiva de las mujeres es un todo indivisible que no se puede trocear a gusto del consumidor, el útero, por un lado y aquello que genera, una criatura, por el otro. Ello no obsta para que algunos, sobre todo los inasequibles a cualquier conceptualización que da sentido a nuestra humanidad, puedan considerar a las mujeres como seres fragmentados y como tales creerse en el derecho de apropiarse de aquellas partes del cuerpo de las mujeres que les permitan satisfacer sus deseos, sean de carácter reproductivo o sexual. Creer que el cuerpo de las mujeres y su identidad se pueden atomizar convirtiéndolas en «úteros» o «vaginas» son certeros indicadores de manifiesta «ginefobia».

La parodia de la libertad

Imagen tomada de http://thestocks.im/ y retrabajada digitalmente.

Enmarcar el debate de la gestación subrogada o práctica del alquiler de vientres en el contexto de la libertad individual suele producir debates estériles. Lo cierto es que el principio de libertad ha de conjugarse siempre con otros principios del mismo rango como «igualdad», «dignidad» o «integridad física y moral». El ejercicio lícito de la libertad no puede poner en riesgo, por ejemplo, la integridad física o moral de terceras personas. Por lo tanto, la libertad no es un genérico derecho a hacer lo que a uno le venga en gana y menos aún se puede invocar la libertad para anunciar que es liberador renunciar a tus derechos: en lo que atañe a los derechos fundamentales, como la filiación y custodia, no podemos disponer de ellos a nuestra voluntad. Imagino que a los defensores de la paternidad/maternidad extrema por «sustitución» las razones morales y jurídicas no les convenzan en absoluto, pero quizá puedan hacer un esfuerzo y proyectarse a sí mismos en un hipotético futuro en el que la relaciones sociales no estén determinadas por los derechos, sino por contratos privados de renuncia al ejercicio de los mismos: supongo, pues, que los defensores actuales de este uso ilícito y negativo de la libertad serían los primeros, sin dudarlo, en formar parte del primer contingente de «felices» esclavos.


[1] A. Honneth, El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática, Katz Editores, Madrid, 2014, p. 45.


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