Cracolandias y Cristolandias

Déborah Guaraná

En el centro de la ciudad de São Paulo, una región pasó a ser conocida como Cracolandia, apodo dado a una pequeña zona en el barrio de la Luz, cuyos edificios abandonados y calles no vigiladas fueron albergando cada vez más un flujo de personas en situación de abandono haciendo uso regular de la sustancia de mala calidad, altamente adictiva, hecha con el mismo producto de que deriva la cocaína: el crack.

Para el profesor de psicología y de psiquiatría Carl Hart, no es el crack que produce las cracolandias. Los grupos de usuarios de drogas son un síntoma de la incapacidad de nuestra sociedad de acoger a todas las personas. El usuario de crack es aquel tipo social de individuo sobre el que recae la condición de drogadicto. La psicóloga e integrante de la Red Nacional de Feministas Antiprohibicionistas, Anamaria Carneiro, explica que, estigmatizada (incluso en los grupos de usuarios de otras sustancias psicoactivas), esa persona “noiada”, “cracuda”[1] deja de tener nombre y pasa a ser objetivizada. El prejuicio contra las personas que hacen uso del crack es tan grande que el “estigma se extiende incluso al lugar donde la droga es consumida”.

La Cracolandia se convirtió en la primera y más conocida escena de venta y uso urbano de crack en el Brasil. La región albergaba desde los noventa un flujo de personas que hacen uso de crack y está en situación de abandono, llegando a concentrar diariamente a eso de 1.500 usuarios entre la Alameda Cleveland con la Calle Helvétial, donde actualmente circulan un promedio de 300 personas. En mayo de 2017, una operación del Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno de São Paulo desplazó a tiros y bombas a los usuarios del local. El ensayo de la fotógrafa española Almudena Toral nos acerca a la realidad que esas personas experimentaron.

 

La Cracolandia, sin embargo, no son los edificios, no son las calles, “es una población unida como estrategia de defensa de sus vidas constantemente agredidas”. Así lo defiende el colectivo antiprohibicionista Craco Resiste. Ellos reivindican el nombre Cracolandia por tratarse de un término, según ellos, usado por los propios frecuentadores del crack desde la década de 1990. El movimiento define la Cracolandia como una comunidad de personas que fueron excluidas o que, de alguna manera, optaron por estar al margen de la sociedad. Para ellos, “no se trata de un espacio físico, sino de un flujo de personas unido por diversos factores, siendo el crack el más conocido, quizás el más evidente, pero, en absoluto, el único”.

El movimiento produjo un dosier sobre las violaciones, agresiones y abusos policiales a que son constantemente sometidos los frecuentadores de la craco. El 21 de mayo de este año, debido al proyecto Redención, de revitalización urbanística del actual gobierno y gestión de João Dória en el ayuntamiento de São Paulo, Cracolandia fue objetivo de una mega operación con apoyo de policiales civiles y militares, batallones del Comando de Choque e incluso helicópteros. Se enviaron más de 500 hombres de la Policía Civil, coordinados por el GOE (Grupo de Operaciones Especiales), además de centenares de policiales militares con amplia acción de choque y apoyo de la Guardia Civil Metropolitana para “acabar con la Cracolandia”, según informes oficiales. Ellos entraron en la cracolandia armados y disparando. Se detuvieron 28 personas y muchas resultaron heridas. Al día siguiente, la asesoría de prensa del gobierno y ayuntamiento anunciaba el fin de Cracolandia.

Sobre las personas que usan crack en las calles, sin embargo, recae una percepción orientada por un discurso televisivo que asocia los usuarios a criminales, el uso de drogas al pecado, la adicción al demonio. La representación del drogadicto en la gran media está reducida a la condición de degradación: el drogadicto está incapacitado para el mercado laboral, es un ser reducido a la condición de enfermo criminal, que necesita auxilio correctivo de los emprendedores de la moral en la sociedad, tanto médicos, como policías. Otras historias deben ser contadas, como las historias de alegría, lucha y trabajo, fotografiadas por la Mídia Ninja. Desde la izquierda hacia la derecha, el colectivo registró (1) el carnaval de 2017 en la región de la craco; (2) el acto de resistencia de las integrantes del programa De Brazos Abiertos realizado en colaboración con militantes de la lucha antimanicomial, cuando anunciado el fin del programa de reducción de daños en la región del flujo; y (3) dos usuarias beneficiarias del programa que consiguieron dejar el uso problemático y entrar en el mercado laboral por medio de las puestos de trabajo garantizados por el programa.

 

¿Se habrá acabado?

El crack entró en el mercado de las drogas en los noventa y el Centro Brasileño de Informaciones sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) inició la caracterización de la cultura del uso en 1992. Luego de veinte años, la investigación realizada por el Observatorio del Crack demuestra cómo el uso abusivo de esas sustancias en 2015 ya se configuraba un problema para más del 93% de los municipios investigados. La Plataforma Brasileña de Política de Drogas explica que la estrategia de guerra a las drogas no es nueva y no funciona. Ella viene del modelo prohibicionista incentivado por los Estados Unidos desde 1960. El régimen de prohibición internacional de las drogas es establecido por las Naciones Unidas (ONU) y depende de los Estados-miembro para su mantenimiento o transformación.En Brasil, la primera aprehensión de crack fue en 1991. Según estudio realizado por Solange Nappo para el CEBRID en esa época, las mujeres eran inexistentes en las escenas de uso. En 2000, diez años después, las mujeres ya aparecían entre las personas con problemas derivados del uso abusivo y en situación de abandono. En ese mercado, el cuerpo de las mujeres se ve como moneda de cambio; por eso, pueden adherir al uso, pues son vistas como buenas pagadoras. Esa práctica también representa un verdadero riesgo en relación a las enfermedades de transmisión sexual, dado que el sexo sin protección es más caro.

En 2000, según datos del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), había 5.601 mujeres cumpliendo medidas de privación de libertad. Dos décadas después de la primera aprehensión, la cultura de uso está completamente modificada. En 2016, el número de mujeres detenidas aumentó a 44.721. Ese aumento fue de casi un 700%. El 68% de las mujeres están detenidas por tráfico de drogas. Ellas asumieron las posiciones más bajas en la estructura del tráfico, exponiéndose más a riesgos.

Pese a las prohibiciones, las drogas ilícitas jamás fueron tan abundantes, tan accesibles, tan potentes y tan baratas, es lo que revelan los informes anuales sobre drogas de la propia ONU. El prohibicionismo produjo corrupción, violencia y encarcelamiento en masa, especialmente en los países periféricos. Ello porque, a pesar de ser nombrada como “guerra a las drogas”, la política se refleja en acciones violentas contra un determinado grupo de personas dentro de la población negra que, por estar excluidas del sistema, recurren al crack para soportar simbólica y materialmente la cotidianidad, sea a través del uso o a través del pequeño tráfico. La estrategia de guerra contra las personas nunca fue capaz de disminuir los daños potenciales resultantes del uso de sustancias ilícitas.

Guerra a las drogas es la política incentivada por Estados Unidos, región con más alto consumo de la sustancia, y la adhesión a ese tipo de política es imperativo de la ONU para la mayoría de los países. De acuerdo con ella, las naciones deben combatir los crímenes de tráfico de estupefacientes con militarización, encarcelamiento, represión contra los usuarios y promesa de extinguir el mercado ilegal. Esa política de punición prohibicionista, con todo, es un modelo racista y elitista que tiene por intención perpetuar prácticas colonialistas en relación a los países de Latinoamérica, haciéndolos movilizar esfuerzos en detener, internar y examinar a la población negra.

 

Paradigmas del cuidado

Las personas que usan drogas necesitan cuidados y las sustancias que generan adicciones necesitan ser legalizadas, regularizadas, para que los usuarios sepan de los daños que ellas causan y puedan cuidarse a sí mismas. La cuestión es compleja porque nos hace tener que encarar prejuicios en cuanto a quien merece esos cuidados y de quién es la obligación de cuidar, acción siempre delegada a la familia, en general a las madres, y también nos hace enfrentar paradigmas en relación a la cuestión de la autonomía de los sujetos –en relación no solamente al uso de las sustancias, sino al disciplinamiento y pertenencia al sistema productivo– además de apuntarnos para cuestiones estructurales de la organización social y correlación de fuerzas políticas, económicas y religiosas en diferentes niveles y escenarios geográficos.

El cuidado propuesto por el paradigma de la salud mental, de acuerdo con la Reforma Psiquiátrica y según la filosofía de Reducción de Daños, se da bajo la perspectiva de Redes de Atención territorializadas, siendo la integralidad considerada tanto en relación al ambiente, como al acto terapéutico con el individuo, en el cual sus efectos no imponen la abstinencia, sino que buscan la reducción de riesgos y daños. Según el estudio de la Fundación Oswaldo Cruz, “ese modelo de cuidado se centra en el respeto a las diferencias, a la defensa de la vida y al derecho a la libertad y a la dignidad de la persona, cuyo objetivo son la inclusión y reinserción social, y la toxicomanía o la dependencia de drogas es vista como resultante del encuentro de una persona con una droga en un dado momento sociocultural, en una tríade individuo-droga-contexto”.

El abordaje asilar es típico del modelo de tratamiento con énfasis en el carácter orgánico de las dependencias. Según ese saber médico psiquiátrico, el individuo que hace uso abusivo de drogas se considera un enfermo y, por ello, se justifica su aislamiento del medio familiar y social más amplio y se apuesta a las medicinas como herramienta para la cura. La institución típica de ese paradigma es el antiguo modelo manicomial de los hospitales psiquiátricos que tenían solamente la internación como propuesta de tratamiento.

Actualmente, las instituciones que mucho se benefician con ese tipo de tratamiento son las Comunidades Terapéuticas (CTs). Percibiendo a los individuos adictos como enfermos y moralmente débiles, los programas terapéuticos de las CTs pretenden tratar los síntomas provenientes del uso problemático de sustancias psicoactivas y también operar una reforma moral de los sujetos, por medio del aislamiento físico y social, marcado por la internación larga y, durante su vigencia, por la circunscripción de llamadas y visitas, bien como por la interdicción sexual. El modelo de las CTs consiste en un dispositivo estructurado sobre la tríade trabajo-disciplina-espiritualidad, siendo la práctica espiritual un recurso indispensable en ese tipo de tratamiento.

Solo en el estado de São Paulo, entre 2006 y 2012, el número de mujeres detenidas por tráfico de drogas aumentó casi 5 veces.

La Junta de Misiones Nacionales empezó a trabajar en 2008 en la Cracolandia de São Paulo. Hoy tiene misiones en siete estados. Una de las más grandes está en Rio de Janeiro, donde hay una unidad en la Estación Central del Brasil y brinda atención a los usuarios de drogas. Ofrecen acogida, higiene, alimentación, corte de pelo y hacen donaciones de ropas. Esas misiones en las escenas de uso son denominadas por ellos como Cristolandias. A los usuarios que desean tratamiento de desintoxicación se les ofrecen plazas en régimen de internación que, generalmente, son pagadas por sus familias o financiadas por el gobierno brasileño en otras unidades más conocidas como Comunidades Terapéuticas.

Las misiones de Cristolandia son solo algunas de las 4 mil misiones de la denominación Batista. Son informaciones del órgano máximo de la denominación en el Brasil, la Convención Batista Brasileña (CBB) que, según ella, representa alrededor de 7 mil iglesias y 1.350.000 fieles. La Batista es también una de las denominaciones evangélicas que más parlamentarios eligió para la Cámara de Diputados en las últimas elecciones, con diez representantes, perdiendo solo con la Asamblea de Dios que cuenta con 19 diputados en la Casa.

El fotógrafo Sandro Marandueira, del colectivo Mídia Ninja, registra, en el Carnaval en la Craco, una de las medidas más básicas de cuidado y reducción de daños: beber agua. Los usuarios de drogas en situación de abandono pasan días sin conseguir ducharse y pocas personas atienden a los pedidos de donación de comidas, a muchos se les recusa incluso agua para beber.

Las Comunidades Terapéuticas son clínicas y unidades de tratamiento asociadas a Federaciones Nacionales, como FETEB, FENNOCT, CRUZ AZUL, FEBRACT y FNCTC. Cada Federación realiza la gestión administrativa e ideológica de una serie de unidades de tratamiento. Las CTs existen desde la década de 60, pero solo comenzaron a ser reglamentadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) en 2001. Tras diez años, las exigencias de la ANVISA se flexibilizaron por medio de la RDC nº 29 y ya al año siguiente se lanzó el programa “Crack: es posible vencerlo”, con el cual el Gobierno Federal pasó a contratar plazas en Comunidades Terapéuticas, con recursos oriundos del Fondo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Aproximadamente 300 de ellas han sido financiadas por el Gobierno Federal, en el ámbito del programa “Crack: es posible vencerlo”. Esos contratos implican el pago, por el Poder Ejecutivo Federal, de 320 dólares al mes a tales entidades por cada individuo acogido, y sin que la financiación pueda superar el período de doce meses consecutivos por individuo. Para impulsar aún más ese mercado, al final de 2016, sin ningún debate, la Secretaria de Atención a la Salud editó la ordenanza 1.482, determinando la inclusión de las comunidades terapéuticas en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RNES). Según análisis de la revista Carta Capital, con la reglamentación, las CTs pasarán a recibir aproximadamente 95.970.000 de dólares en el próximo bienio. Las asignaciones ya están ocurriendo. El 9 de octubre de este año, el secretario de Desarrollo Social del Estado de São Paulo, Floriano Pesaro, en ceremonia solemne, firmó la autorización de 10.492.720 de dólares para Comunidades Terapéuticas y 303 dólares para el Programa Redención, cuyo objetivo es financiar plazas para tratamiento de usuarios de drogas también en Comunidades Terapéuticas.

El programa “De Brazos Abiertos” basado en este paradigma de la Reducción de Daños, funcionó desde 2014 hasta este año, ofreciendo puestos de trabajo y “alquiler social”: habitaciones en hoteles y pensiones a precios accesible para los usuarios registrados en el programa. En la pared de uno de los establecimientos, la española Almudena Toral registró la frase hecha en grafiti por uno de los usuarios “un día feliz es tan raro”.

 

Después de cinco años financiando plazas en esas CTs, la SENAD finalmente encomendó, en marzo de este año, al Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) el primer estudio de monitoreo y evaluación de esa financiación, comparando el modelo de cuidado propuesto e implementado por ellas. De acuerdo con el levantamiento inicial realizado por la SENAD, existen casi 1.900 Comunidades Terapéuticas en actuación en Brasil, en los diversos estados de la Federación. Otros estudios, como el de Kulander de 2014, revelan la existencia de entre 2.500 y 3 mil CTs en el país, atendiendo a 60 mil personas al año. El desencuentro de información atestigua que hay diversas entidades funcionando sin ningún tipo de registro.

Con poca fiscalización, ellas se volvieron una versión moderna de los manicomios. Una inspección realizada en 42 Comunidades Terapéuticas en Minas Gerais en 2016 revela denuncias de trabajo forzado, participación obligatoria en cultos, medicación excesiva, violación de correspondencias, discriminación, homofobia e incluso acoso sexual.

La investigación del IPEA, que evaluó cuantitativamente 500 CTs, reveló que: el 55% de ellas admite aplicar medicamentos a los internos; el 86% admite recoger los documentos de los acogidos en el acto de la internación; el 66% no admite que los acogidos elijan sus propios cortes de pelo; y el 38% no permite el uso de ropas de preferencia de los residentes. Además, tres sanciones aplicadas por las CTs llaman atención, por el simple hecho de haber recibido alguna mención: la suspensión de contactos telefónicos con familiares y amigos (practicada por el 22% de las CTs); el aumento temporal de las actividades de laborterapia (mencionado por el 16%); y el aplazamiento temporal de los acogidos (mencionados por el 7,5% de las CTs).

Más del 93% de las CTs prohíbe a los acogidos de mantener relaciones sexuales con sus compañeros y el 99,2% prohíbe sexo entre los internos. Ese dato revela la casi unanimidad con que la sexualidad de los acogidos es vista también como problemática y, de alguna manera, asociada al consumo de drogas.

La acción policial y violenta de desalojo de los usuarios que pretendía acabar con la Cracolandia llevada a cabo por la gestión de João Dória (PP) el 21 de mayo de este año cerró la sede donde funcionaba el Programa de Brazos Abiertos y destruyó establecimientos que ofrecían refugio a los usuarios a través de vinculación al programa de alquiler social. Con la gestión de Dória, ahora funcionan los programas Redención y Recomienzo. Uno funciona con la colaboración de empresas privadas y tiene convicción en la revitalización urbanística del área, mientras el otro encamina a los usuarios para tratamiento por medio de internaciones pagadas por el ayuntamiento en Comunidades Terapéuticas.

 

Comunidad Terapéutica bloqueada en Camaragibe

Cabe señalar también que las CTs se presentan como espacios potenciales de absorción de la mano de obra de acogidos y ex acogidos, que se vuelven, a lo largo del tratamiento, monitores e incluso dirigentes de las CTs que frecuentaron. Ello ocurre cuando ex acogidos llegan a posiciones de misioneros, obreros o pastores (posiciones de prestigio y liderazgo en las iglesias de esa confesión). Esa estrategia se lleva al límite en las instituciones religiosas pentecostales, que representa el 41% de la totalidad de las CTs investigadas por el IPEA.

De esa manera, esas CTs hacen de sus prácticas de cuidados espacios de predicación del evangelio, asociando la recuperación a la ocupación de puestos superiores en la jerarquía de la iglesia y asciende a usuarios en esta estructura, de acuerdo con el grado de abstinencia alcanzada. Es decir, usan estrategias de marketing y promoción social para transformar dependientes químicos en nuevos pastores y misioneros, con el claro objetivo de expandir su poderío evangélico en Brasil. Hacen eso por medio de maniobras políticas para conseguir financiación de Secretarías, Ministerios, ayuntamientos, gobiernos, empresas y personas físicas.

 

[1] Términos despectivos usados para referirse a las personas que hacen uso del crack.

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