El alquiler de vientres, una práctica que interpela al feminismo

En Argentina, las noticias sobre famosos que recurren al negocio del alquiler de vientres en países lejanos –donde la práctica está autorizada y regulada– son cada vez más habituales. Dentro del territorio, ya hay al menos una veintena de fallos judiciales que reconocen la “gestación por sustitución”; también movimientos e iniciativas parlamentarias que impulsan su legalización. El asunto no está plenamente instalado en los feminismos argentinos y las interrogantes son muchísimas.

 

En la búsqueda por ser padres, viajaron a la India, a México, y estudiaron las posibilidades de acceder en Estados Unidos a lo que comúnmente se denomina “alquiler de vientres”. Ningún lugar donde la práctica está regulada los convenció: sintieron una mercantilización de la vida humana con la que no estaban dispuestos a negociar. Quieren una hija, un hijo, pero no en esas condiciones.

En 2010, durante el viaje a India, conocieron el primer piso de una clínica donde se alojaba, en serie, a las gestantes. “Parecían envases”, reflexiona Pablo Adzich, casado con Francisco desde el año 2012. “Siempre pensamos en tener hijos”, agrega con el convencimiento de que encontrarán una vía legal y/o judicial que no suponga ningún aprovechamiento a condiciones de vulnerabilidad de la potencial gestante.

“Hay leyes que transforman realidades. Otras, que vienen a acomodarlas, a darle regulación. Lo único que vendría a hacer una ley es ponerle orden a algo que ya existe y así evitar abusos”, agrega Pablo, quien prefiere utilizar el término “gestación solidaria”.

Pablo forma parte de la organización Devenir Diverse, la cual tiene como una de sus banderas de incidencia política la regulación de estas prácticas en Argentina, tan necesarias para la comunidad LGBTI (siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexuales) pero también para las parejas de varón y mujer que no pueden concebir por cuestiones de salud. Ambos hicieron un video público para explicar sus razones.

En la misma línea se expresa Mariana De Lorenzi, especialista en Derecho de Familia (Universidad de Rosario) y doctora en derecho por la Universidad de Barcelona. De Lorenzi recalca que con o sin ley la realidad social siguió avanzando y que en Argentina ya existen alrededor de 20 fallos judiciales que reconocen la “gestación por sustitución”, otro de los nombres que se utilizan para referirse a la técnica de reproducción por medio de la cual una mujer lleva adelante un embarazo para que el bebé nacido tenga vínculos de filiación con otra persona o pareja.

Mientras en Argentina existe un vacío legal en el tema, son varios los “famosos” locales que optan por contratar los servicios –muy costosos– en otro país donde sí está permitido hacerlo. Por ejemplo, la actriz trans Flor de la V lo hizo junto a su marido en Estados Unidos, país que también eligió la periodista Marisa Brel en 2002. Ahora, el conductor Alejandro Marley y la vedette Luciana Salazar están “embarazados” a la distancia, en la espera de un bebé que vendrá de un país lejano. En estos casos, como la paternidad y la maternidad son reconocidas en el lugar donde se hace el contrato de gestación, Argentina no tiene otra opción que aceptarlo.

 

Qué pasa con el feminismo

El tema no es simple y, paradójicamente, los ámbitos religiosos más conservadores y un sector del feminismo –tradicionalmente antagónicos– están de acuerdo en que se debe prohibir la práctica, aunque con argumentos no del todo coincidentes. Los primeros hacen hincapié en razones religiosas; el segundo, en la cosificación de la gestante; en especial, el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad económica de las mujeres con el objetivo de montar un negocio millonario.

Si bien el tema no está del todo instalado en los feminismos de Argentina –como sí lo está, por ejemplo, el debate reconocimiento del trabajo sexual versus abolicionismo de la prostitución–, en países como España sí aparece en la agenda del movimiento.

En ese lado del mundo la ley declara nulo el contrato por el que se concierta una gestación a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna del hijo, el cual concibe a favor de quienes la contratan. Es más, existe la “Red estatal contra el alquiler de vientres” que aúna a 123 organizaciones, la mayoría identificadas como feministas. Y así se presentan: “Es evidente que el neoliberalismo patriarcal más rancio está inundando los medios, las redes e incluso los debates políticos en el Congreso para vender las bondades de una práctica que nos abre un nuevo frente: una nueva industria en la que comercializan con nuestra capacidad reproductiva –y, por tanto, con nuestras vidas– en beneficio de terceras personas”.

Los argumentos se basan en que la práctica anula derechos fundamentales al exigir a la gestante la renuncia irrevocable al derecho de filiación, y da por válida la explotación reproductiva de las mujeres por cuestiones económicas.

 

Regulación trunca

En Argentina, la práctica estuvo a punto de regularse con el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en 2015. El anteproyecto, elaborado por cien de los más prestigiosos juristas del país, reconocía esta forma de filiación en su artículo 562 con una serie de condiciones. Entre las más importantes: homologación judicial del acuerdo, que la mujer gestante no aporte su óvulo, no reciba retribución económica y que tenga al menos un hijo propio y la imposibilidad de la persona o pareja para concebir.

¿Por qué no prosperó? Si bien no fue manifestado públicamente, diversos juristas aseguran que durante el tiempo transcurrido entre la presentación del anteproyecto y la sanción final, asumió como Papa un argentino y, por lo tanto, el lobby de la Iglesia Católica renovó su impulso y se impuso.

De todas maneras, en el Congreso de la Nación existen actualmente proyectos que buscan avanzar en la regulación. Está, por ejemplo, el que apoya Devenir Diverse, que sigue la línea de la iniciativa naufragada, es decir, con requisitos estrictos y la prohibición de retribución económica.

En esa dirección, De Lorenzi argumenta que como esta técnica de reproducción no está expresamente prohibida, se aplica el conocido aforismo jurídico, sustentado por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que “todo lo que no está prohibido está permitido”. Por ello, la jurisprudencia argentina viene observando una cantidad creciente de sentencias que reconocen la “maternidad subrogada”.

Justamente, dentro de esa veintena de casos reconocidos judicialmente en el país existen diversas situaciones: la de las personas que acuden a la Justicia para que les autoricen la práctica –y, en consecuencia, la filiación– antes del embarazo, y las que aparecen “con el hecho consumado”, es decir, buscan el reconocimiento de la maternidad y/o paternidad durante el embarazo o después del nacimiento, muchas veces, incluso, años después.

En la mayoría de los casos, se trata de parejas heterosexuales cuyo hijo fue gestado por una mujer de su círculo íntimo, como una amiga, hermana e incluso madre de los progenitores. “Como no está ni prohibido ni regulado, quien tiene que resolver es el juez, con la inseguridad jurídica que supone para todas las partes involucradas”, apunta De Lorenzi. Uno de los fundamentos más importantes, asegura, es el derecho a la no discriminación, ya sea por orientación sexual, por el género o por problemas de salud que les impida concebir a quienes tienen la voluntad procreacional.

 

Preguntas urgentes

En esta coyuntura, parecería que, al menos en Argentina, el silencio y la prohibición son suficientes. Sin embargo, en caso de que se logre el acuerdo de sancionar una ley para regular la práctica se abren nuevas e importantes interrogantes.

¿Se debe prohibir la retribución económica? Sí, porque es la única manera de evitar los abusos, dicen unos. No, porque no se está vendiendo una persona: la gestante brinda un servicio, el de gestar para alguien, e invierte nueve meses de su vida, pone el cuerpo y no recibiría nada, mientras que sí lo harían, por ejemplo, los abogados y las clínicas.

¿Es necesaria la autorización judicial previa? Sí, porque es la única manera de garantizar que la mujer preste su consentimiento de “manera libre”, dicen unos. No es necesario, si existen buenos protocolos médicos y controles suficientes a las clínicas, argumentan otros.

Las preguntas abundan. Los casos se multiplican. La ciencia avanza. La ley calla. Y el debate sigue pendiente.

 

 

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